La demolición de los 44 pisos del Sapo de Elda sigue inmersa en una cuenta atrás que nunca llega a su final. Cinco meses han transcurrido desde que el director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine, visitara la ciudad y anunciara, tras mantener una reunión con la alcaldesa popular Adela Pedrosa, que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente iba a proceder a la «inminente demolición» del marginal bloque de viviendas públicas de la partida del «Sapo-Torreta».
El dirigente del PP señaló entonces que el edificio se encontraba en un avanzado estado de ruina y no reunía «el mínimo elemento básico para ser habitable». También adelantó que el derribo iba a costar 198.000 euros sin incluir el IVA en la operación.
Pues bien el pasado 23 de marzo volvió Domine a referirse a este asunto. Aseguró que la Conselleria de Infraestructuras tenía prevista, para este año, una inversión de dos millones de euros destinada a la conservación y mantenimiento de viviendas públicas de la Generalitat en la provincia de Alicante. Un plan que, según aclaró el director general, incluía una partida de 612.000 euros para la demolición de edificios y grupos de alto grado de deterioro entre los que citó, concretamente, a las 44 viviendas del Sapo, al edificio de José Antonio de Villena y a las 47 viviendas de la calle Uruguay de Crevillent.
Sin embargo, en Elda nada se ha hecho hasta la fecha y la zona sigue acumulando basuras de todo tipo. Fundamentalmente residuos industriales. Las ratas han encontrado allí un dulce hogar y, aunque las ventanas bajas y puertas de acceso al bloque fueron tapidas en 2013, al interior siguen accediendo «okupas» a través de butrones que reaparecen a los pocos días de ser sellados.
Pero lo del Sapo viene de lejos. Seis meses atrás, en octubre de 2014, el director general de Obras Públicas y la alcaldesa hablaron por primera vez sobre la demolición. El inmueble fue desalojado en 2013 y las últimas seis familias que habitaban sus insalubres pisos fueron reubicadas en diferentes viviendas sociales de la ciudad. Cabe recordar que estos pisos pertenecían al Instituto Valenciano de la Vivienda dependiente de la Generalitat, se construyeron hace más de 30 años y todos sus moradores fueron desahuciados, en un proceso iniciado en la anterior legislatura, porque el inmueble se hallaba en un estado ruinoso y la única medida razonable que se le podía aplicar era echarlo abajo. Una demolición que, sin embargo, llega con una dilación que está acrecentando el malestar de los vecinos de los barrios Estación y Torreta y que, desde luego, no ha sido tan inminente como anunció el Consell.
