El Registro Civil de Elche, como los del resto de España, comenzará en cuatro meses un periodo de desmantelamiento progresivo según tiene decidido y aprobado el Gobierno, para que los trámites y certificaciones que ahora dependen de funcionarios, jueces y secretarios de Justicia pasen a llevarse a cabo en los despachos de registradores de la propiedad y mercantiles. Ese cambio tiene fecha, el 15 de julio, sin que hasta el momento se hayan dado instrucciones claras a nadie: Ni a los juzgados y ni a las comunidades autónomas. Prueba de ello es que el Juzgado de Primera Instancia 3 de Elche (que se encarga el Registro Civil) no tiene orden alguna de dejar de dar citas, o que el propio conseller de Justicia de la Generalitat Valenciana, Luis Santamaría, desconoce por el momento dónde tiene que reubicar a los funcionarios y cuándo.
Y mientras tanto, ni los trabajadores saben qué será de ellos a la vuelta de unos meses ni los ciudadanos tienen idea de dónde tendrán que acudir el día de su cita para obtener una partida de nacimiento, inscribir a un hijo, tramitar un expediente de nacionalidad o celebrar una boda civil. Son precisamente esos dos últimos trámites los que, según han oído los funcionarios de Elche, se traspasarán en primer lugar a los despachos de los registradores (aunque hay citas asignadas a muchos meses vista), mientras que el resto se podrían seguir tramitando dentro de la Ciudad de la Justicia hasta enero de 2017. De todo no ello no hay órdenes oficiales.
La incertidumbre entre el personal es evidente por cómo se va a realizar el traspaso de la ingente cantidad de información personal y sensible que guarda el Registro Civil de miles de ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por los libros de familia, por cambios de nombres, por correcciones de errores... Pero también, cómo no, sobre la plataforma tecnológica que se tendría que estar instalando en los despachos de los registradores mercantiles y de la propiedad, sin que tampoco se haya aclarado si serán todos los que asuman esta tarea o sólo algunos.
En definitiva, nadie sabe a qué atenerse en un cambio que llega tras casi 150 años de existencia de los registros civiles y que no está, hoy por hoy, explicado con claridad. El Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, señala que a partir del 15 de julio «el Registro Civil estará encomendado a los registradores de la propiedad y mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del registro mercantil por razón de su competencia territorial: Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y mercantil». Desde ahí, poco más, aunque muchos sospechan que no se llegará tiempo. El sistema informático, en concreto, deberá ser único para todos y estar aprobado por la dirección General de los Registros y del Notariado.
Compromiso
El Gobierno modificó en cierta medida sus planes en 2014 y se ha comprometido a que el servicio y la gestión de trámites seguirá siendo público y gratuito para los ciudadanos, aunque tampoco está claramente explicado si eso se refiere a que los usuarios estarán exentos de pago directo en el momento de solicitar un papel y si los registradores recibirán alguna contraprestación de otra forma.
La juez decana de Elche, María José Boix, repasaba en una comparecencia pública esta misma semana que en el Registro Civil de Elche se ha prorrogado en enero el refuerzo de dos funcionarios hasta junio, pero que a partir de entonces «no sabemos a nivel nacional si los registros salen fuera de los juzgados y se lo dan a lo registradores como aparece que está previsto, porque se rumorea que será de junio a julio». Preguntada sobre si consideraba que los planes del Gobierno eran una forma de privatizar el Registro Civil, afirmaba la magistrada que «no he visto la normativa concreta y creo que no la ha visto nadie pero tenemos entendido que va a ser un servicio gratuito, que el ciudadano no lo tendrá por qué notar... En todo caso es una decisión política que no nos corresponde a nosotros valorar, pero al menos sí defender que sea gratuita».
A la espera
El conseller de Justicia, Luis Santamaría, afirmaba también en una visita a Elche esta semana que «el 15 de julio el Registro Civil deja de estar desempeñado por funcionarios judiciales y pasa a los registradores mercantiles y de la propiedad; estamos a expensas de que el Ministerio nos diga cómo se produce esa adaptación». El conseller insiste en que «seguirá siendo gratuito, aunque ya no lo expidan los funcionarios del juzgado sino que serán los del registro mercantil, y eso nos va a permitir recuperar a los funcionarios para tareas de otras jurisdicciones, pero estamos pendientes de que nos digan cómo». Los registradores, apuntaba el conseller, no son profesionales con despachos privados, sino «funcionarios públicos retribuidos por arancel», aunque no supo aclarar si percibirán del Estado nuevos ingresos por asumir nuevas tareas. Mientras tanto, el juez encargado del Registro Civil no tiene órdenes de modificar la forma en que se trabaja ahora, lo que ya es hacer malabarismos por el malestar de los usuarios, ya por todos conocido, de las eternas esperas de meses y meses e incluso más de un año y medio para conseguir una cita para casarse o para obtener la nacionalidad. Mientras tanto, los funcionarios tratan de despejar cada día las dudas que les plantean desde el otro lado del mostrador y pueden decirles a los ciudadanos poco más que «no lo sabemos».
