Sindicatos representanes de funcionarios de justicia y partidos de oposición al PP han venido planteando en los últimos años que la infradotación de personal y recursos a los que se estaba sometiendo el Registro Civil de Elche, al igual que los de otros puntos de España, no era más que una estrategia tendente a conseguir que funcionara deficientemente para que una propuesta privatizadora fuera acogida por los ciudadanos como una solución necesaria. El PSOE, por ejemplo, se ha manifestado recientemente contra «la privatización» de la gestión del Registro Civil, pues en palabras de la diputada autonómica Modesta Salazar «el PP sigue con su estrategia de desmantelar los servicios públicos, provoca su mal funcionamiento privándolos de recursos y personal, y así obtiene una excusa para justificar la privatización». e. g. b.
