Ya hay acuerdo. El gobierno local de Benidorm, formado por PSOE y CDL, tiene previsto llevar el lunes a pleno el pacto alcanzado con el constructor alicantino Enrique Ortiz para poner fin a la situación de irregularidad en la que se encuentra desde hace años la estación de autobuses de la ciudad.
La comisión paritaria, creada en mayo entre Ayuntamiento y representantes del empresario para buscar una salida favorable a los intereses de ambas partes, ha acordado rescindir de mutuo acuerdo el contrato por el que se adjudicó la construcción y gestión de la terminal a Ortiz en el año 2002. A continuación, el Consistorio legalizará todo el edificio y, por último, sacará un nuevo concurso público para adjudicar de nuevo la concesión, sin que ninguno de estos trámites suponga gasto alguno para las arcas públicas.
Ahora bien, Ortiz tampoco se irá con las manos vacías. Porque el pacto alcanzado contempla que la nueva adjudicataria deberá indemnizar al constructor por toda la obra ejecutada en la Estación, tanto la legal como la anulada el pasado 2012 por el Supremo, que asciende a unos 9.500 metros cuadrados. En su conjunto, la valoración realizada por los técnicos cifra el coste de la edificación en 35 millones, a los que se descontará la parte que se considera ya amortizada por estos años de gestión, unos 8 millones. Así que la empresa que quiera optar a gestionar la terminal deberá acudir al concurso con un colchón de 27 millones para compensar la salida de Ortiz, que en el acuerdo se guarda otro as bajo la manga.
En el caso de que el concurso público quedara desierto, el constructor implicado en Gürtel y Brugal podrá seguir gestionando la estación de autobuses como hasta ahora, aunque ya con toda la obra legalizada, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra.
El edil destacó que, con este acuerdo, se podrá dar cumplimiento, por fin, a la sentencia del Tribunal Supremo, dictada en diciembre de 2012. Aquel fallo ratificó otro del TSJ de 2007, y anuló el acuerdo plenario por el cual el Ayuntamiento autorizó en 2003 a Enrique Ortiz ampliar de 500 a 10.000 metros cuadrados la superficie comercial de la estación de autobuses. Dicho acuerdo fue recurrido por otra empresa que había optado a la concesión, Acintur Residencial, al considerar que se habían violado las condiciones del concurso primigenio, ya que la modificación de las mismas fue tan sustancial que debía haberse realizado una nueva licitación.
Desbloquear asuntos paralelos
En paralelo a la firma del convenio, que gobierno y empresario pretenden rubricar en cuanto el pleno dé luz verde, Ortiz se compromete también a atender otros asuntos que tenía aparcados desde hace años.
Por un lado, sufragará íntegramente el canon por la explotación de la Estación que no ha abonado desde que comenzó a operar, en el año 2007, y que los técnicos calculan en 65.000 euros. Asimismo, deberá retomar las obras para finalizar la avenida Comunidad Europea y los accesos a la terminal, también bloqueadas desde hace cerca de un lustro.
Por último, también podrán entrar en uso las dos plantas del hotel anexo, hasta ahora precintadas por el exceso de obra. Los representantes del empresario también confiaron en que, la legalización de toda la superficie sirva además para dar aire a la gran multitud de locales comerciales ahora cerrados.
