A ver si un día de estos, hay al fin en Benidorm un edificio que no es anulado por ninguna sentencia judicial. Con este propósito, nada fácil en la ciudad turística, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso para intentar legalizar la estación de autobuses anulada en diciembre por el Tribunal Supremo y poderla sacar de nuevo a concurso. El alto tribunal decidió tumbar el proyecto de la terminal debido a que en 2003 la mercantil que meses antes había obtenido la adjudicación de las instalaciones, una UTE formada por una mercantil del promotor Enrique Ortiz y Auplasa, fue autorizada por el Ayuntamiento a incrementar la zona comercial de 500 a 10.000 m2 y habilitar un establecimiento hotelero para mejorar la rentabilidad del complejo. Esas mejoras no estaban autorizadas en el pliego de condiciones inicial. El Consistorio estaba entonces gestionado por el PP de Vicente Pérez Devesa.

Ahora, el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por PSOE y CDL, ha concedido un plazo de diez días a la empresa de Ortiz para que diga a cuánto asciende la inversión que realizó en la terminal y aporte también el proyecto de la construcción de la misma. Así reza un escrito que el actual alcalde, el socialista Agustín Navarro, ha entregado a la UTE. Los documentos que ésta aporte serán después revisados por los técnicos municipales con el fin de establecer un precio de licitación para el futuro concurso. En ese precio, deberá descontarse la amortización que la actual concesionaria ya ha realizado de las instalaciones.

De este modo, se resolverían los dos grandes problemas que pesan sobre la estación. Vamos a ellos.

Primero, el de contratación: si en diciembre el Supremo anuló la terminal fue porque confirmó una sentencia dictada por el TSJ en 2007 que ya consideraba que los cambios autorizados a la UTE de Ortiz en 2003 fueron de tal calado que lo que se debería haber hecho ya entonces era realizar una nueva adjudicación para que otras empresas hubieran podido presentarse a explotar la terminal en las mismas condiciones. De hecho, fue una de esas mercantiles, Acintur Residencial, la que llevó la estación ante los tribunales y la que ahora ha acabado ganando el pulso judicial.

Ahora bien, que vaya a repetirse el concurso no debe inquietar en demasía al propio Ortiz, que va a salir ganando de todas las maneras a pesar de que su exceso de obra fuera en su día censurado por los jueces. Porque si ninguna empresa se presenta al nuevo concurso -el que debió hacerse en 2003 y que entonces no se hizo- el controvertido promotor alicantino podrá seguir explotando la terminal como si aquí no hubiera pasado nada. Es una opción nada utópica, si se tienen en cuenta los actuales tiempos de crisis y el hecho de que la zona comercial no ha recibido precisamente en los últimos tiempos un aluvión de clientes. Pero es que en caso contrario, si el concurso es ganado por una nueva empresa, ésta deberá indemnizar a la UTE actual por las inversiones realizadas en las instalaciones. Que Ortiz salga bien parado del envite no es extraño: al fin y al cabo, fue el Ayuntamiento el que le autorizó ese exceso de obra.

Falta saber además a cuánto dinero ascenderá finalmente ese precio de licitación. O, en otras palabras, contestar a la gran pregunta: cuánto ha costado la estación. El único dato lo aportó el propio Navarro en 2006 cuando militaba en la oposición: haciéndose eco de un informe del entonces edil popular de Contratación. Miguel Llorca, la estación habría pasado a costar de los 5,7 millones de euros iniciales a la friolera de 54, después de todas las modificaciones realizadas. No obstante, ése es el precio que ahora se ha de recalcular: primero con la documentación que aporte Ortiz; y, después, con lo que consideren los propios técnicos municipales.

El segundo problema es el urbanístico: el proyecto de construcción que aporte la actual UTE deberá servir para legalizar el exceso de obra. En este caso, también los técnicos del Ayuntamiento creen que es algo que puede hacerse, dentro del contexto del actual Plan General.