Tras una década de litigios judiciales, acusaciones políticas cruzadas y aplazamientos en la toma de decisiones, el Ayuntamiento de Benidorm parece que tomará por fin cartas en el asunto para zanjar las irregularidades urbanísticas cometidas por el empresario Enrique Ortiz en la construcción de la estación de autobuses de la ciudad turística. Y, en vista de la solución que tiene sobre la mesa el área municipal de Urbanismo, todo lleva a pensar que Ortiz -siempre Ortiz- volverá a ser, una vez más, el principal beneficiado por esta operación.
El equipo de gobierno prevé legalizar el exceso urbanístico que el constructor alicantino ejecutó sobre el proyecto inicial por el que le fue adjudicada la obra de la estación. Así, al menos, lo adelantó ayer el concejal de Urbanismo, el liberal Vicente Juan Ivorra, después de que el grupo municipal del PP, a través de su portavoz adjunta, Lourdes Caselles, denunciara que la terminal lleva cinco meses operando en el más absoluto vacío legal.
La decisión del ejecutivo, formado por PSOE y CDL, responde a la obligación legal de volver a sacar a concurso público la explotación de todo el complejo de la Estación. Como publicó el pasado diciembre este diario, el Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva el incremento de la zona comercial y la construcción de un hotel que el Ayuntamiento autorizó ejecutar en el año 2003 a la empresa que meses antes había obtenido la adjudicación de la terminal, una UTE formada por una mercantil del promotor Enrique Ortiz y Auplasa. La decisión del Supremo ratificaba así un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en 2007 consideró que la variación del proyecto autorizada en 2003 había sido de "tal calado" que no podía considerarse una "mera modificación". Por el contrario, el TSJ consideraba que debía haberse realizado un nuevo proceso de adjudicación para permitir que otros interesados -entre ellos, la mercantil Acintur Residencial, que fue la que promovió el pleito- pudiesen presentar ofertas ante las nuevas condiciones de la contrata.
No en vano, los datos hablan por sí solos. El proyecto inicial por el que Ortiz obtuvo la adjudicación preveía junto a la terminal de autobuses un área comercial de 500 metros cuadrados. Pero al constructor no debieron salirle las cuentas y, por eso, meses después de obtener la concesión, solicitó una modificación de este apartado para elevar hasta los 10.000 metros cuadrados la superficie comercial de la Estación y, además, construir una zona hotelera anexa, en la que se acabaron levantando dos plantas más de las permitidas. El pleno, con los votos a favor del PP, liderado entonces por Vicente Pérez Devesa, y del concejal del Grupo Mixto Manuel Catalán Chana, acabó autorizando tal pretensión, sin realizar una nueva contrata.
"Dentro del PGOU"
El concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, afirmó ayer que la solución aportada ahora por los técnicos pasa por legalizar todos los metros cuadrados que Ortiz construyó de más en la estación y, de forma paralela, sacar de nuevo a licitación la gestión de la terminal. El concejal afirmó que el exceso de volumen "es legalizable dentro del Plan General y los técnicos han considerado que el primer paso para acatar la sentencia pasa por que toda la obra sea legalizada desde el punto de vista urbanístico".
Así las cosas, cuando el Ayuntamiento licite de nuevo el contrato, el constructor podría verse abocado a perder la explotación de la terminal, que le fue adjudicada por un periodo de 70 años. Pero en el remoto caso de que esto ocurriera, no se iría con las manos vacías. Porque, de perder la adjudicación, Ortiz tendría derecho a exigir una indemnización que le permitiera recuperar la inversión realizada en la construcción del edificio, dentro de la cual se computaría toda la obra, incluyendo todas las zonas que no estaban previstas en el proyecto inicial.
El precio se multiplicó por nueve
¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Esa es la cuestión que ahora intentan valorar los técnicos municipales y que, debido a los numerosos cambios realizados sobre el proyecto inicial, resulta más que complicado cuantificar. El dato que todo este tiempo se ha venido barajando fue el desvelado en 2006 por el actual alcalde, el socialista Agustín Navarro, cuando aún era líder de la oposición. Entonces, Navarro recurrió a un informe del área de Contratación, que gestionaba en aquellos años el ahora concejal del CDL Miguel Llorca, y que alertaba de que el precio de la obra se había multiplicado por nueve, pasando de los 5,7 millones por los que fue adjudicada en 2003 a -ni más ni menos- que 54 millones, un precio que ahora se está volviendo a calcular.
Un concurso con cargas
Ivorra matizó, no obstante, que el cambio en la explotación de la terminal "se hará sin que le cueste ni un euro al pueblo de Benidorm". Para ello, el ejecutivo podrá como condición a las mercantiles que quieran optar al concurso que asuman el coste de la compensación, así como el canon de explotación que en los últimos cinco años nunca se ha reclamado al constructor. Tampoco está todavía claro qué pasará con la hipoteca de 21 millones que contrajo Ortiz por la terminal y que, casi con toda seguridad, deberá subrogar la nueva adjudicataria.
De ahí que, a priori, resulte poco probable que haya empresas que en los actuales tiempos de crisis estén por la labor de optar a un concurso plagado de cargas. En ese caso, Ortiz, podría seguir gestionando la estación. Y entonces, una vez más, volvería a ganar Ortiz.
