De nuevo una gestión urbanística perdida en el tiempo amenaza ahora con desatar auténticos quebraderos de cabeza en Benidorm. Una sentencia del Tribunal Supremo anula de forma definitiva el incremento de la zona comercial y la construcción de un hotel en la estación de autobuses que el Ayuntamiento de Benidorm autorizó en marzo de 2003 a la empresa que meses antes había obtenido la adjudicación de la terminal, una mercantil del promotor alicantino Enrique Ortiz. El fallo del Supremo, que viene a confirmar una sentencia anterior del TSJ de 2007, deja fuera de ordenación jurídica una parte fundamental de la estación, que funciona desde 2008 y cuyo futuro se ve así abocado a la incertidumbre. Pero antes de pensar en el mañana, habría que mirar al pasado para comprender la secuencia de sucesos que a lo largo de los años ha desencadenado una situación tan peculiar.
En aquella primavera de 2003, Ortiz se dio cuenta de que la terminal cuya construcción y gestión acababa de obtener no iba a ser tan rentable como había previsto en un principio. Por eso, pidió al Consistorio que modificara el proyecto y le permitiera incrementar de 500 m2 a 10.000 el área comercial con el fin de mejorar su cuenta de negocios y además habilitar un establecimiento hotelero. Y el gobierno del PP, gestionado por el exalcalde Vicente Pérez Devesa, dijo sí.
Sin embargo, otra de las empresas que había optado a la concesión, Acintur Residencial, recurrió aquel acuerdo ante el TSJ al considerar que se habían violado las condiciones en las que las diferentes empresas se habían presentado con anterioridad a la gestión de la terminal. Y en 2007, el TSJ le dio la razón a Acintur y consideró que lo aprobado cuatro años antes por el pleno era "de tal calado" que no podía considerarse una "mera modificación". Por el contrario,debería haberse realizado un nuevo proceso de adjudicación para permitir "que otros interesados -como Acintur- pudiesen presentar ofertas ante las nuevas condiciones de contratación dispuestas por el Ayuntamiento".
Quizás para retrasar lo que se venía encima, el Ayuntamiento presentó un recurso de casación ante el Supremo que por diversas razones técnicas -entre otras, fue presentado fuera de plazo- no ha prosperado. Así lo ha determinado una sentencia del alto tribunal emitida el pasado 5 de noviembre, cuyo dictamen agota ahora todas las vías judiciales del asunto y cuyas consecuencias, sin embargo, no son nada técnicas ni formales. Por el contrario, tienen mucha enjundia. Y suscitan muchas dudas, sobre todo si Acintur pide una ejecución de sentencia.
Opinión de los expertos
¿Qué va a pasar ahora? Hay algunas discrepancias entre los diversos expertos jurídicos que ayer consultó este diario. En principio, el asunto podría recordar al de las torres de Punta Llisera, que recientemente también el Supremo dejó fuera de ordenación y sobre el que planea la sombra de una posible demolición. De hecho, uno de los juristas consultados matizó en referencia a la estación que "lo que es nulo de pleno derecho no se puede legalizar". Ahora bien, el resto de expertos creen que la posibilidad de tumbar el área comercial afectada por la sentencia es poco probable: no se trata de una infracción urbanística -cuestión aparte que aquí no se ventila es el hecho de que el hotel tenga dos plantas más de lo autorizado-, sino de un proceso de contratación. Así que la opción por la que se decantan la mayoría de los juristas es por repetir el concurso, al menos para adjudicar de nuevo la zona comercial fuera de ordenación.
Ahora bien, se produciría una asombrosa paradoja: si se repite el concurso, primero habría que indemnizar al propio Ortiz por la obra realizada. Es decir, que el empresario que desencadenó todo el problema y se benefició de la operación de 2003 podría obtener compensaciones, al alegar que si alguien le dio permiso fue el propio Consistorio. La situación aún se complicaría más si, teniendo en cuenta la crisis y la poca rentabilidad actual de la terminal, a ese hipotético concurso no se presenta ningún empresario o no lo hiciera el propio Ortiz. Parte de un edificio inaugurado hace menos de un lustro podría así quedar abandonado.
Otro de los expertos sostiene que la propia Acintur, que ayer eludió realizar declaraciones, podría pedir responsabilidades patrimoniales al Ayuntamiento que, por si fuera poco, autorizó a Ortiz en 2008 una hipoteca de la estación por valor de 23 millones de euros, con lo que también hay un tercero -una entidad bancaria- afectado por la situación.
"Un área comercial sin interés público"
En marzo de 2003, el promotor Enrique Ortiz se dio cuenta de que algunas de las bazas con las que contaba para sacarle rendimiento a la terminal no iban a poder cumplirse: así, el promotor quería implantar un sistema de "chek-in" de facturación de equipajes desde la estación hasta el aeropuerto de El Altet que sin embargo se encontraba vetado por Aena; y también quería cobrar por el transporte discrecional de turistas que utilizaran el autobús para arribar a sus hoteles, algo no contemplado por la ley del sector. Ante estas circunstancias adversas, pidió al Ayuntamiento que le incrementara la superficie del área comercial. La petición fue aceptada por el gobierno del PP.
Años después, en 2011, una auditoría externa encargada a una empresa privada por el anterior gobierno del PSOE -y cuyas conclusiones se hicieron públicas en plena campaña electoral- aseguró que la modificación del ejecutivo popular "no obedecía a razones de interés público" sino que pretendía "aumentar la rentabilidad de la empresa adjudicataria" e incumplía la Ley de Contrataciones de la Administración Pública. El exconcejal de Urbanismo, Jaime Llinares (PSOE) recordó que en esa zona comercial se abrió un hotel sin licencia de ocupación. Fue Llinares quien además puso en conocimiento de la Fiscalía que en el tiempo en que lleva abierta la estación, Ortiz nunca pagó un canon obligatorio al Ayuntamiento por la explotación del recinto.
