La polémica por la autorización de la salida extraordinaria de la reliquia de la Santa Faz en el día de la Peregrina llega a los tribunales. Una particular presentó ayer una demanda en un juzgado para que de manera cautelar se anulara la denegación por parte de la Subdelegación del Gobierno de este evento que reclamaban el Ayuntamiendo de Alicante, el Obispado y el Cabildo.
La medida fue denegada ayer mismo por el juez por una cuestión meramente formal, aunque no es una decisión definitiva, ya que la demanda sigue su curso y se ha emplazado a la Subdelegación a que exponga los motivos y conteste a los argumentos de la demandante, según fuentes judiciales. En función, de su respuesta el juzgado podría dictar otra resolución.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que se trata de una demanda por una vulneración de los derechos fundamentales. La demandante entendía que la decisión del Gobierno de no permitir la bendición reclamada por las autoridades locales suponía una vulneración del derecho de libertad religiosa.
En la demanda a través de un procedimiento especial y de urgencia, se pretendía que el juez anulara cautelarmente la resolución de la subdelegada, Araceli Poblador. Para ello, alegaba las medidas propuestas por la Administración Local para evitar que la actividad se convirtiera en un acto multitudinario.
Sin embargo, el juez ha contestado que la demandante no es la organizadora del evento y que tampoco ha acreditado cuáles serían esas supuestas medidas propuestas por el Ayuntamiento para reducir los riesgos sanitarios. De todas maneras, emplaza a la Subdelegación del Gobierno a que se conteste y se expongan sus argumentos.
Vía administrativa
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante todavía está recurriendo por la vía administrativa la decisión de la Subdelegación de no permitir la salida extraordinaria de la reliquia desde el monasterio al castillo propuesta. La Administración Central rechazó la petición alegando que no estaba amparada por los supuestos previstos en la normativa para el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus.
El alcalde Luis Barcala ha recurrido ante la propia Subdelegación esta denegación insistiendo en que desde esa Administración se establezcan otras medidas de seguridad que no impidan que se lleve a cabo el traslado, además de plantear que se levante la prohibición y se permita un acto que contemplaba «una presencia mínima de personas». La decisión de la Subdelegación será recurrible ante el juzgado, en el caso de que desde el Ayuntamiento no se esté de acuerdo con ella.
Por ese mismo motivo, en el juzgado ante al que ayer se presentó la reclamación por una ciudadana particular se está a la espera de lo que se resuelva y si es posible que se llegue ante un acuerdo entre la Administración Local y Central.
La demanda recayó en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante, cuyo titular es el anterior juez decano, Salvador Bellmont.
