El conflicto por la negativa de la Subdelegación del Gobiernonegativa de la Subdelegación del Gobierno a autorizar una salida extraordinaria de la Santa Faz este jueves ya está en el juzgado. Un particular ha presentado una demanda contra la resolución por vulneración de los derechos fundamentales, una vía por la que tendrá que recibir un pronunciamiento judicial por la vía de urgencia. La fecha límite es el jueves, día en el que debía celebrarse la romería y que fue suspendida por las restricciones a eventos multitudinarios con motivo de la pandemia sanitaria del coronavirus. El Ayuntamiento de Alicante, el Obispado y el Cabildo habían solicitado que se permitiera que la Reliquia fuera trasladada de su monasterio al Castillo de Santa Bárbara el día que tenía que haberse celebrado la Peregrina, como sucedió a lo largo de la historia con otras pandemias, para bendecir la ciudad, además de celebrarse una misa a puerta cerrada desde el monasterio, retransmitida en directo. La Subdelegación denegó la petición alegando que no estaba amparada en los supuestos previstos en la normativa del estado de alarma.
El Ayuntamiento de Alicante ha recurrido este fin de semana la decisión de la subdelegada, Araceli Poblador, planteando a la propia Subdelegación que propongan las medidas preventivas que considere necesarias para reforzar la seguridad. La Subdelegación ya ha cursado recibo del recurso del Ayuntamiento y se espera que en el plazo de uno o dos días haya una respuesta. La decisión será recurrible ante el juzgado. Sin que desde la Administración Central se haya contestado nada, un particular ya ha acudido a la vía judicial y esta misma mañana se ha registrado en los juzgados de Pardo Gimeno una demanda contra la Subdelegación del Gobierno por vulneración de los derechos fundamentales. La petición ha recaído en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Alicante, en el que está destinado Salvador Bellmont, anterior juez decano del Palacio de Justicia. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que desde los tribunales podría haber una respuesta antes de este jueves, día en el que tendría que celebrarse la actividad planteada por el Ayuntamiento.
Como ya ha publicado este diario, en el recurso presentado ante la Subdelegación, el alcalde de Alicante Luis Barcala insiste en que desde esa Administración «en caso de ser necesario» se establezca otras medidas de seguridad que no impidan que se lleve a cabo el traslado, además de plantear que se levante la prohibición y se permita un acto que contemplaba «una presencia mínima de personas», .
El recurso, avalado por políticos del Partido Popular, la Diputación de Alicante y las entidades festeras, plantea entre otros fundamentos, que «existe un régimen de limitación de movilidad general» para las personas y «otro específico para la celebración de ceremonias civiles y religiosas». El alcalde se ampara es este apartado para buscar la rectificación de Subdelegación y desbloquear así la salida extraordinaria de la Peregrina desde el monasterio hasta el castillo. «Queda especificado que la celebración de ceremonias civiles y religiosas es una actividad permitida, promovida a instancia de administraciones o instituciones civiles o religiosas, y que la movilidad para la asistencia a dichas celebraciones no está prohibida, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad en los traslados y en la celebración, y ni lo uno ni lo otro impliquen la aglomeración de personas», defiende el escrito presentado. Incide el alcalde popular en que la programación detallada dejaba claro que la presencia de personas sería «mínima» y que además la misa se celebraría a puerta cerrada, así como el traslado se iba a realizar con un número de vehículos «muy reducido». «Se trata pues de una ceremonia religiosa, no pública, y en cuya solicitud se detallaba y justificaba el número de los asistentes, tanto para el traslado como para la ceremonia en sí misma», recoge el recurso.
«En lo relativo al traslado, se detallaba en la solicitud que la comitiva constaría de un vehículo para la Reliquia y su portador, y cuatro más para los custodios -que eran tres- estatutariamente obligatorios. El Ayuntamiento mantiene en su argumentación que «por su propia naturaleza, resulta de entrada imposible para el público si sus accesos están, como se detallada, cerrados y custodiados por la Policía Local de Alicante. Por sus dimensiones, que por notorias se obvian, permiten cumplir con las normas de distancia entre los partícipes con suficiencia». Por ello inciden en que la celebración del traslado y la bendición a la ciudad se pueden realizar «de una forma segura» para los escasos participantes en entornos con accesos controlados.
