El debate sobre si la AP-7 debe dejar de ser una vía de peaje o si se ha de mantener alguna fórmula de pago una vez que su explotación pase al Estado va creciendo a medida que se va acercando el 31 de diciembre de 2019, fecha en la que caduca la concesión. Mientras en las comarcas de la Comunidad Valenciana por las que discurre la autopista es casi unánime el clamor exigiendo que sea gratuita -con alguna destacada excepción, como la de Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm-, en el plano político hemos asistido a los vaivenes de los dos partidos que se han sucedido este año en al frente del Gobierno central. Hemos visto cómo el PSOE pasaba de defender la gratuidad de la vía -incluso después de llegar al Ejecutivo- a una llamativa abstención en el Congreso a la moción presentada por Compromís en ese sentido, que sí lograba en cambio el apoyo de un PP que hasta la fecha nunca había defendido de forma explícita una AP-7 libre de peaje a partir del 1 de enero de 2020.
Tanto malestar ha generado esa abstención que al ministro de Fomento, José Luis Ábalos -conocedor como valenciano de la controversia que suscita el peaje-, le han llovido las críticas incluso desde su propio partido en la Generalitat -comenzando por el presidente, Ximo Puig- y ha tenido que matizar después que la autopista será gratuita «para los vecinos». Ha debido tomar conciencia del hartazgo que supone el peaje para los ciudadanos de comarcas como la Marina Baixa, la Marina Alta y la Safor. Un rechazo que, además, va más allá del mero hecho de rascarse el bolsillo en cada viaje por la AP-7.
Llama bastante la atención el argumento esgrimido para defender la continuidad del peaje en la AP-7: que, libre de pago, la autopista se convertirá en «una vía secundaria» por la gran cantidad de tráfico que absorberá, buena parte de él camiones. Permítanme las dudas al respecto. Es obvio que la circulación en la AP-7 aumentará si es gratuita, pero me parece muy exagerado afirmar que se saturará de la noche a la mañana, a la vista del tráfico actual y sus flujos habituales.
La AP-7 no tiene en estos momentos un gran volumen de tráfico pesado y no parece probable que llegara a ser preocupante si la autopista fuera gratuita. Según datos definitivos del Ministerio de Fomento referidos al año 2016, cada día circulan 1.310 camiones por la autopista a la altura de Benidorm, un 6,36% del tráfico total; más al norte, en Ondara, son menos vehículos, 1.108, pero porcentualmente suponen algo más, un 6,92%. Menos, en cualquier caso, que la A-7 por Alcoy, por donde circulan a diario 1.767 camiones a la altura de Muro, un 10,25% del tráfico de esta vía. Claro que esto no es nada comparado con la A-31, que soporta cada día el paso de 8.016 vehículos pesados a la altura de Novelda, un 16,5% del tráfico total.
Los camiones tienden a seguir la ruta que les permite un itinerario más rápido y económico. Teniendo en cuenta que buena parte del tráfico pesado que discurre por la provincia de Alicante es de paso y que tiene como origen o destino las zonas de producción hortofrutícola de Almería, Murcia y la Vega Baja, resulta lógico que el gran flujo de camiones se dirija por la A-7 hasta Elche y desde allí se encamine hacia la A-31 hasta pasado Villena y desde allí, por la Font de la Figuera y Xàtiva, hacia València. Pese a que el itinerario por la costa tenga menos pendientes, son 30 kilómetros más de recorrido, por lo que es difícil pensar que ese tráfico se encaminara en un futuro por allí salvo en condiciones muy puntuales.
No obstante, más allá de esto, cabe preguntarse si un hipotético incremento del tráfico ahuyentaría a posibles turistas. A mí, de entrada, me cuesta creer que Benidorm fuera a recibir menos visitantes con una autopista gratuita. ¿O acaso eso impide que cada temporada turística vayan miles de personas a Torrevieja, por poner un ejemplo? ¿Quiere eso decir que menguaría el turismo en Altea sin los 20.000 vehículos que a diario cruzan su angosta travesía y que suponen una auténtica barrera entre la playa y el resto del casco urbano?
La N-332 es la que realmente se ha convertido ya en una «vía secundaria» entre Alicante y València. Nadie la utiliza ya para hacer un viaje entre ambas ciudades -salvo que le pique la curiosidad y vaya muy bien de paciencia-; primero la ruta por Villena, y después el itinerario por Alcoy, con 20 kilómetros menos, han absorbido estos flujos. La carretera nacional, en cambio, pese a su titularidad estatal, ha quedado para los trayectos cortos, aunque el tráfico local tiene tanta dimensión que no evita la desesperación a quienes la transitan o viven junto a ella, en localidades como la citada Altea, Benissa, Gata de Gorgos u Oliva. Una carretera saturada y también peligrosa: en 2016, en los 130 kilómetros que hay entre El Campello y Sueca se produjeron 177 accidentes, con 9 fallecidos, 32 heridos graves y 278 leves.
La siniestralidad de la N-332 no debería ser una cuestión con la que mercadear, como tampoco la congestión que sufre la vía a lo largo de toda la costa. Hace 40 años, tener la AP-7 en paralelo a la carretera era un privilegio; hoy, en cambio, se ha convertido en un agravio para quien debe desplazarse a diario por estas comarcas. Es obvio que asumir la gestión y el mantenimiento de la autopista generará un gran gasto público, pero no debería ser a costa de la seguridad vial o del bolsillo de los usuarios sin más, sin explorar otras opciones que pongan fin al agravio actual del peaje.
