Acabaron la carrera pero el título no existe. Más de 400 personas que cursaron los estudios de Ingeniería de la Edificación en la Universidad de Alicante (UA) se encontraron al recoger la certificación que salían graduados en Arquitectura Técnica, con el consiguiente perjuicio profesional y laboral.
Todo nace de una controvertida sentencia del Tribunal Supremo en el año 2010, a raíz de una denuncia del colectivo de ingenieros industriales que consideraban que la denominación «ingeniero» creaba confusión y usurpaba su prestigio, según explica uno de los miembros de la Asociación de Afectados por el Cambio de Denominación en las Titulaciones de Ingeniería de la Edificación (ACDTIE), Daniel Roca.
¿Qué sucedió entonces? Hubo centros universitarios que no completaron en tiempo y forma el proceso y no inscribieron el título en el Registro de Universidades Centros y Títulos, organismo dependiente del ministerio de Educación. «No deberían haber aceptado matriculaciones bajo esta denominación y, todavía menos, haber impartido las clases ni entregado los resguardos oficiales de emisión de estas titulaciones», sostiene Roca.
Siete universidades fueron las afectadas: la UA, la Politécnica de Cataluña, la Ramon Llull, la Pompeu Fabra, y las de Lleida, Girona y Zaragoza; y con ellas, unas 3.000 personas, de las cuales más de 400 en Alicante, que cursaron el grado en el año 2011 y que ahora se sienten «estafados». La solución que encontraron fue «una denominación eufemística» para sustituir el grado de Ingeniería de Edificación por otro nombre, que en el caso de la universidad alicantina fue Arquitectura Técnica.
«Los alumnos no lo sabíamos y no fuimos avisados, es más, de haber sabido en realidad que la titulación que nos iban a librar iba a ser distinta a la esperada, ninguno de nosotros hubiéramos optado por estudiar en estas universidades, lo hubiésemos hecho sin duda alguna en cualquier otra de las que finalmente terminó concediendo a sus estudiantes el título de graduado en Ingeniería de la Edificación», afirma apesadumbrado Roca.
De hecho, el conflicto resulta «aún más discriminatorio, esperpéntico e injustificado» porque, mientras unos alumnos se ven impedidos para poder obtener el título universitario que superaron, en el resto de universidades españolas no afectadas, los alumnos sí que pudieron obtener esta titulación cursando el mismo plan de estudios, recalca.
Expedientes sin recoger
Uno de los alicantinos afectados, que prefiere no dar su nombre, explica que unas 150 personas acudieron en su día al contencioso administrativo, pero perdieron. Y resume cómo se sienten: «Engañados, estafados, imagínate, pagas unas tasas de más de 200 euros con Ingeniería de Edificación y cuando vas a recoger el título, te encuentras con que te dan uno de Arquitectura Técnica, yo ni lo he recogido».
Como él, muchos de los afectados a nivel nacional, en disconformidad con estas titulaciones y como medida de repulsa, todavía no han recogido su título «fantasma» y ahora corren el riesgo de que las universidades los destruyan, «con el consecuente dispendio económico que conllevaría para los afectados volver a expedirlos».
El plan Bolonia, que tiene la finalidad de facilitar la movilidad, la homologación, el intercambio de titulados y el libre ejercicio de la profesión dentro del espacio común de la Unión Europea, «ha saltado por los aires» en este caso. Y es que denuncian el «tiempo perdido y la inmejorable ocasión desperdiciada» para la armonización de las titulaciones universitarias españolas respecto a las de los profesionales europeos, los building engineers.
«Nos encontramos con muchos problemas, en cualquier trabajo te piden copia del título y cuando ven que es el de arquitecto técnico te ponen pegas y dudan, les tienes que explicar que has realizado el mismo plan de estudios, pero a veces ni así es suficiente, el daño es considerable», recalca Roca.
Máxime con los casos de fraude académico conocidos en estos últimos meses, en referencia a la polémica de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón, «con titulaciones que se regalan sin asistir a clase, sin trabajos final de carrera o responsables políticos que denuncian cadenas de favores para aprobar con facilidad los créditos pendientes para la obtención de un título».
Frente a esta situación, hay titulaciones oficiales con las que el sistema «se niega a hacer enmienda de sus errores dada la situación de excepcionalidad, donde todo el perjuicio recae exclusivamente sobre los alumnos, que son los únicos que no han cometido ninguna irregularidad ni tampoco tienen culpa en todo».
