Pagos irregulares a la Fundación Puerto de Alicante, gastos «por duplicado», opacidad, posible enchufismo, convenios prorrogados de manera ilegal, cesión dudosa de trabajadores... El Gobierno central ha censurado la relación contractual que existe entre la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) y su Fundación. Tres auditorías elaboradas por la Intervención General del Estado sacan a relucir múltiples irregularidades en la entidad portuaria durante los últimos años. Los informes de fiscalización -elaborados en octubre de 2011, agosto de 2013 y diciembre de 2013- han salido ahora a la luz por primera vez gracias a una solicitud de información de Compromís.
El diputado del partido en el Congreso, Joan Baldoví, reclamó al Ejecutivo diversa documentación al tener constancia de posibles irregularidades en el Puerto. Sus temores se han confirmado. En una de esas fiscalizaciones, la de 2011 (referente al ejercicio 2010), la Intervención ya advirtió de prácticas dudosas en el organismo que se remontan, por lo menos, a 2009. «Como se ha mencionado, los convenios celebrados entre la APA y la Fundación encubren auténticos contratos administrativos», reza el documento, al que ha tenido acceso este diario. Y añade: «No se realizan actuaciones tendentes a dar publicidad a promover la concurrencia de sujetos distintos de aquellos con los que los convenios se suscriben (la Fundación) por lo que no puede decirse que se hayan aplicado, como es obligatorio, estos principios que rigen en la contratación pública». Es decir, la Intervención acusa al Puerto de opacidad y de incumplir la Ley de Contratos.
Además, los convenios que la Autoridad Portuaria suscribe con su Fundación deberían durar un solo año. Sin embargo, éstos se prorrogan, «con lo que se incumple la prohibición de que este tipo de contratos no pueden tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga, revisión de precios o modificación».
Los peros van más allá. «En la mayoría de estos convenios no constan en los expedientes los criterios para determinar la cifra de la cantidad a aportar por la Administración y no se sabe por qué se fija una cuantía y no otra superior o inferior, lo que reviste especial importancia al no existir una pluralidad de ofertas que permitan la depuración del precio», añade la primera auditoría.
En los informes también se afea el trasvase de personal entre el Puerto y la Fundación. «En estos convenios se da el supuesto de cesión ilegal de trabajadores (...) ya que se está poniendo a disposición de la APA trabajadores de la Fundación», apostillan. Y añaden: «Esta Intervención considera que estamos ante auténticas contrataciones de personal efectuadas al margen de la legislación laboral e incumpliendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben cumplirse en el acceso al empleo público». En resumen, advierte de posible enchufismo.
Otra de las presuntas irregularidades es la duplicación de gastos. La Autoridad Portuaria consigna todos los años una cantidad para la Fundación con el objetivo de desarrollar su labor y promocionar el recinto portuario... pero durante el ejercicio también le inyecta dinero adicional a través de los convenios. Se produce, por tanto, una «duplicidad de gastos».
Quiebro a los ajustes
En la auditoría de agosto de 2013, la Intervención General del Estado desgrana las maniobras que ejecutó el entonces presidente del Puerto, Joaquín Ripoll, para que a los miembros del consejo de administración no les afectara el tijeretazo que asestó el Gobierno por asistencia a sus reuniones. En 2010 y 2011, la Autoridad Portuaria tenía 12 vocales en ese órgano. En 2012, el Ejecutivo central aprobó una orden que reducía esa cifra a nueve cargos y que además limitaba a 200 euros la cantidad percibiría cada uno de ellos por acudir a esos encuentros. ¿Qué hizo entonces el Puerto? Incrementar el número de reuniones. «Aunque el gasto haya disminuido debido a la reducción del importe y del número de vocales, se ha suplido con un mayor número de sesiones», detalla el informe.
La auditoría elaborada en diciembre de 2013 amplía ese asunto y detalla el acuerdo al que llegó el Consejo, con Ripoll al frente. «El presidente informa a los Sres. Consejeros que ha decidido ajustar las dietas por asistencia al Consejo, en la línea de reducir gastos de la Autoridad Portuaria. Indica que se ha ampliado el número de sesiones a seis o más, mientras que antes se celebraban cuatro, más o menos, con lo que en parte se compensa la reducción». Ese párrafo, recogido en la auditoría, consta en un acta del propio consejo.
