El concejal de Personal y Recursos Humanos, Víctor Ruiz (PSOE), ha obligado y por escrito a toda la plantilla del Ayuntamiento de Orihuela, asesores o altos funcionarios incluidos, a fichar cada día a la hora de entrar y salir del trabajo para garantizar que se están cumpliendo los horarios, que nadie falta un día sin justificar a su puesto y que el control sobre libranzas y permisos es exhaustivo. La medida, consensuada por Ruiz y el alcalde en funciones, Antonio Zapata (PSOE), pretende acabar con parte del problema que se sucede desde mayo, cuando el nuevo interventor, Fernando Urruticoechea, comenzó a poner reparos suspensivos de legalidad al pago del sueldo a los más de 800 trabajadores Fernando Urruticoecheamunicipales (incluidos los 130 de la empresa de limpieza), lo que supone más de 1,3 millones de euros mensuales y que el último mes acabó casi en un conato de rebelión de los sindicatos que convocaron asamblea para tener las manos libres para tomar decisiones si no se daban soluciones.
En siete meses desde que el nuevo técnico se hizo cargo del área económica, ha conseguido una transformación que ha llevado al equipo de gobierno bipartito (PSOE y Los Verdes) a seguir al pie sus dictados y recomendaciones por mor de poder dar continuidad al pago a los trabajadores, aunque para ello se haya hecho preciso solicitar sucesivos contrainformes a los técnicos de Recursos Humanos que han sido utilizados tanto por Monserrate Guillén, hasta su baja en julio por un infarto; como por su sucesor, Antonio Zapata, para poder hacer frente al pago «saltándose» esta objeción de legalidad.
La situación con el jefe del área económica es tan curiosa que el próximo pleno, con el que se cerrará 2014, se ha adelantado al lunes 22 de diciembre para dedicar el día siguiente, el 23, a resolver cualquier contratiempo que el interventor pueda poner, un mes más, y en este caso a uno de los abonos más complejos del año, que se quiere realizar al final de ese día y que no sólo incluye la nómina sino la extra de Navidad. La oposición (PP y CLr-Claro) han criticado el haberse enterado del adelanto de la sesión por la Secretaría y no por una junta de portavoces, como tendría que haber sido preceptivo, aseguran.
En cualquier caso, al equipo de gobierno no le queda otra que seguir poniendo parches a los informes con reparos y que no son fáciles puesto que Urruticoechea no sólo considera irregular el hecho de que no existan garantías de que los trabajadores realizan su trabajo, sino que también ha puesto sus objeciones al hecho de que prácticamente un tercio de los trabajadores sean interinos, algo que asegura es inasumible y se debería resolver cuanto antes; al pago de productividades, ayudas sociales o de horas extra de los trabajadores, cuestiones estas mucho más complicadas de resolver que el tener que poner a toda la plantilla a fichar y a cumplir el horario como se ha hecho.
El alcalde en funciones, Antonio Zapata, explicó ayer a preguntas de INFORMACIÓN que se está haciendo un enorme esfuerzo por cumplir las recomendaciones del técnico. De hecho, la nómina de noviembre ya supuso una seria advertencia al equipo de gobierno después de que el contrainforme de los otros técnicos, que se usaba con norma para levantar los reparos, cambiara de argumentario en contra del criterio del regidor, algo que dejó éste plasmado en el mismo documento.
