Orihuela, un municipio de más de 90.000 vecinos y 800 funcionarios, gestiona cada mes el pago de una nómina de 1,2 millones de euros con un sistema que se podría tildar de «descontrol de consecuencias impredecibles», así al menos le parece al nuevo interventor municipal, Fernando Urruticoechea, quien puso reparos a la del mes de abril, tal y como publicó INFORMACIÓN, en un durísimo informe al que ha tenido acceso este periódico y en el destapa irregularidades en el control de este pago, algo que ha venido sucediendo, como se diría mundanamente, toda la vida.
De hecho, el alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) tuvo que firmar un decreto en abril para que cobrara no sólo toda la plantilla municipal, también los asesores y los políticos, incluido él mismo porque Urruticoechea, quien acababa de llegar al Ayuntamiento, lo primero que hizo fue poner hasta cinco reparos a otros tantos pagos que se iban a hacer... como siempre. El interventor no sólo cuestiona el hecho de que sea una asesoría externa la que se encargue de la gestión de las nóminas y que ésta sea la que le envíe al tesorero un fichero informático para el pago a los trabajadores, sino que este trámite se realice «al margen del control interno de la Intervención municipal, que incluso desconoce el importe líquido, así como las retenciones efectuadas. Este hecho supone una situación de descontrol de consecuencias imprevisibles».
El equipo de gobierno no ha hecho manifestaciones sobre una cuestión que afecta a 800 trabajadores, ni dado explicaciones sobre cómo es posible que durante años el Ayuntamiento haya estado gestionando los pagos de la plantilla de un modo tan criticable y a juicio del nuevo profesional que ahora está al frente. Y no es sólo un problema que afecte a las nóminas, también al pago de los talleres de empleo -dos en estos momentos: Parque Urbano Forestal y Corredor Verde, con un importe en sueldos cada uno y cada mes de 40.162,74 euros y 82 trabajadores-, al personal que se encarga de la restauración ambiental de zonas degradadas -9.313,52 euros cada mes- y a los operarios de la basura (con 133 empleados y un sueldo que no figura en el informe).
Pero además, el interventor también pone pegas al hecho de que la concejala de Personal, Rosa Martínez (PSOE), haya autorizado el pago de sobresueldos a trabajadores de todo tipo o permitido anticipos sin que se hayan entregado en intervención ni estar incorporado a la correspondiente nómina.
Durante un mes el equipo de gobierno ha puesto a trabajar hasta a tres áreas municipales para que no se vuelva a repetir esta situación y se cumplan los estándares que considera esenciales el técnico: «fijación de un procedimiento de actuación de la empresa que confecciona la nómina que permitiera la contabilización en Intervención; informe técnico de personal donde se acredite las prestaciones que dan lugar a las retribuciones y articulación de un procedimiento para que las órdenes de pago se firmen por tres claveros».
