La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Rabasa que impute al exalcalde Luis Díaz Alperi por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho durante la tramitación presuntamente irregular del macroplan urbanístico de Rabasa proyectado por el empresario Enrique Ortiz y la llegada de Ikea a la ciudad de Alicante a terrenos de su propiedad.
Para apuntalar el delito de cohecho, según ha podido saber este diario, el fiscal ha solicitado al magistrado que añada a la causa de Rabasa la parte del informe policial referida a las dádivas supuestamente recibidas por Alperi a cambio de favores urbanísticos a Ortiz dádivasque se investigan en la causa abierta por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y que instruye el juez Manrique Tejada. Estos presuntos regalos a Alperi que se incluyen en la investigación del PGOU y que el Ministerio Público pide incorporar a la causa de Rabasa por tratarse de asuntos también urbanísticos coincidentes en el tiempo fueron un viaje a Creta en jet privado en el año 2008, el supuesto pago de varias viviendas a sus hijos a través una sociedad interpuesta; aportes económicos para la constitución de una empresa de publicidad para uno de sus hijos y la posible finalización de una promoción de viviendas de la cual era responsable, también, un hijo de Alperi.
En un recurso de más 30 páginas, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha instado al juez a revocar el auto por el que dejó fuera de su investigación a Luis Díaz Alperi e incide en que el exalcalde fue el valedor de los intereses urbanísticos de Ortiz incluso después de dejar la Alcaldía. Así consta en el informe policial elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según recuerda el fiscal, que incide en que el exregidor continuó como autoridad pública por su condición de diputado en las Cortes Valencianas. En el informe de la UDEF la Policía también incluía como presunta dádiva al exalcalde una tarjeta de abonado en el párking de Alfonso el Sabio.
El auto emitido por el juez Juan Carlos Cerón consideraba insuficientes los indicios delictivos para imputar a Alperi y tildaba de irrelevante el hecho de que éste siguiera como diputado autonómico hasta abril de 2014 tras dejar la Alcaldía. A su vez, no daba importancia al hecho de que otro juzgado sí esté investigándole, junto a la alcaldesa, Sonia Castedo, por supuestos amaños en el PGOU en una causa que le mantiene imputado por tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho y en la que el instructor sí considera que habría controlado el urbanismo desde la sombra.
Gestión del vuelo a Portugal
El fiscal añade que desconoce qué ha llevado al juez a afirmar en su auto que el viaje realizado por Castedo y Díaz Alperi a Oporto para negociar con Ikea la llegada de la multinacional tenía carácter oficial. Según ha podido saber este diario, una parte del recurso presentado por Anticorrupción está dedicada a sostener, en base al informe de la UDEF, que el viaje se hizo de forma clandestina y a espaldas de la opinión pública. En este sentido, el fiscal ha pedido al magistrado que encomiende a la Policía una investigación para conocer cómo se gestionó el citado viaje y quién lo pagó.
La UDEF ya reveló en un informe previo y redactado para la investigación del Plan General que Castedo y Alperi viajaron a Oporto para reunirse con responsables de Ikea. Esta parte de la investigación fue recogida nuevamente y de forma más detallada en el informe policial relativo al Plan Rabasa. En él se transcriben conversaciones en las que Alperi pide a Enrique Ortiz que gestione un avión privado para la vuelta a España desde la ciudad de Santiago. Tanto la Policía como el fiscal destacan el hecho de que un viaje supuestamente oficial fuera gestionado por el propietario de los terrenos donde estaba prevista la ubicación de la multinacional.
Juan Carlos Cerón archivó el pasado septiembre la causa para Alperi a la vez que aceptó el incidente de nulidad de las escuchas presentado por las defensas en el que se alegaba que éste no era el magistrado competente para investigar Rabasa ya que no fue el que autorizó los pinchazos telefónicos, un asunto que aún no ha sido recurrido por el fiscal, aunque el sí por el resto de las acusaciones.
El que el juez entrara ahora a valorar si era el competente para instruir el caso forzó el aplazamiento de las declaraciones en calidad de imputados de Castedo, Enrique Ortiz, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo -Isabel Campos y Enrique Sanus- y dos extécnicos de Fomento. El baile de declaraciones estaba previsto que empezara la semana próxima con Ortiz y que terminara a finales de noviembre con el interrogatorio a la alcaldesa. El incidente de nulidad sobre las escuchas, sobre el que se pronunciará Cerón y, en su caso, la Audiencia Provincial, mantiene en le aire las citaciones a los imputados.
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