La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no tendrá que declarar ante el magistrado Juan Carlos Cerón al menos el día en que estaba citada para hacerlo, el próximo 27 de noviembre. El instructor del proceso abierto tras la denuncia presentada por EU por supuestas irregularidades en la tramitación de macroplan urbanístico Rabasa ha decidido posponer los testimonios de los seis imputados en esta causa: la regidora, el empresario Enrique Ortiz, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, la responsable jurídica de este departamento, Isabel Campos, y dos altos cargos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado. En una providencia notificada ayer acuerda aplazar estos testimonios, que estaban previstos para los días 27, 28 y 29 de octubre y el 27 de noviembre, hasta que resuelva los recursos planteados por las defensas de tres de los encausados (las de Ortiz, Sanus y Campos) en los que solicitan la nulidad de las actuaciones al estar acordadas, afirman, por un juez que no era el competente para investigar este asunto.

No entienden los recurrentes qué llevó al titular del juzgado de Orihuela a retomar las pesquisas sobre el plan Rabasa el 4 de julio de 2008 cuando tres meses antes, el 4 de abril, se había inhibido y enviado el asunto a Alicante, donde le correspondió instruirlo precisamente a Cerón, que sobreseyó las actuaciones apenas un mes después, el 6 de mayo, al no ver indicios de delito.

Consideran por tanto los letrados que toda la instrucción posterior a ese 4 julio es «nula de pleno derecho» por no haberla dirigido el juez al que le correspondía hacerlo. E incluso alguno de ellos llega a llamar «maniobra procesal ilegítima» al hecho de que se incorporara de nuevo la causa al ámbito competencial del juzgado de Orihuela sin que exista justificación alguna y cuando el auto por el que Cerón sobreseyó la causa no fue siquiera recurrido.

De asumir Cerón las tesis de los letrados y anular las actuaciones, corresponderá la última palabra a la Audiencia provincial, donde la Fiscalía y las dos acusaciones, que se ejercen en nombre del EU y del PSOE, han confirmado que recurrirán. Hasta ahora, y ante las reiteradas peticiones de nulidad de las escuchas planteadas por las defensas tanto de los imputados en este proceso como en el que investiga supuestos amaños en el PGOU de Alicante (un procedimiento que comparte imputados con el del Rabasa), los magistrados de la Audiencia y los del Tribunal Superior de Justicia, donde se instruyó parte de la causa del PGOU, se han decantado por posponer la discusión de este asunto a las cuestiones previas de la vista oral.

Cerón, a quien la Audiencia tuvo que obligar a reabrir el caso después de que, tras la denuncia de EU, siguiera sin ver delito en las actuaciones que se relataban, ha dado diez a las partes para que presenten alegaciones. A lo que no ha accedido es a la petición planteada por el abogado del gerente de Urbanismo para que se celebrara una vista en la que se dilucidara la validez de la instrucción.

El magistrado también ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones para el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y para la secretaria autonómica de Territorio, Ángeles Ureña, al no haberse concretado los hechos que se les atribuyen. Esta decisión también es recurrible ante la Audiencia.