La formación EU ha respondido al juez del Plan Rabasa que ya se pronunció sobre las escuchas de este asunto en el año 2013 y que no cabe que ahora vuelva a pronunciarse sobre lo mismo. Eso es lo que alega la formación de izquierdas en un escrito contra la providencia dictada por el magistrado Juan Carlos Cerón a través de la cual aceptó pronunciarse sobre la nulidad de las escuchas tal y como le solicitó la defensa de Enrique Ortiz.
El letrado del empresario, así como las defensas del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la jefa jurídica de la gerencia de Urbanismo, Isabel Campos -ambos imputados en el caso Rabasa junto a la alcaldesa Sonia Castedo y Ortiz- solicitaron a Cerón que anulara los pinchazos que sustentan la instrucción por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa y la llegada de Ikea a la ciudad de Alicante. Las defensas sostienen que las escuchas deben anularse al estar acordadas por un juez que no es el competente para llevar la investigación ya que fueron autorizadas por un juez de Orihuela y no por el de Alicante.
La acusación popular ejercida por EU recuerda a Cerón que la nulidad solicitada por la defensa de Ortiz ya fue desestimada por el instructor mediante un auto fechado el 13 de septiembre de 2013, en el que decía, según transcribe la formación de izquierdas, que no podía «entrar a valorar la nulidad de resoluciones que se han dictado por otro juez de instrucción en la investigación de una materia». Insiste EU en que esta contestación la dio el juez ante la misma petición y ante el mismo implicado: el constructor Enrique Ortiz
Recuerda EU que Cerón manifestó que las resoluciones acordando intervenciones telefónicas no son del juzgado del que es titular y que fueron «notificadas debidamente a las partes que han utilizado los recursos que las leyes procesales establecen contra las mismas (...) no habiéndose declarado por las Audiencias respectivas la nulidad de las intervenciones», unas intervenciones que, en un principio, tildó de «necesarias e idóneas» para los fines de la investigación.
Recuerda también el escrito los distintos autos de la Audiencia Provincial de Alicante en los que resolvió no anular las escuchas realizadas y prorrogadas al teléfono de Ortiz acordadas en Orihuela para investigar el urbanismo del PGOU.
Destaca EU que las defensas no pueden pretender ni sobre el mismo juez ni sobre otro que se anulen escuchas sobre las que ya hubo un pronunciamiento «sometiendo al mismo instructor a idéntica pretensión que la ya desestimada por éste y confirmada por la Audiencia Provincial». Recoge también el escrito los distintos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en los que rechazó la nulidad.
El juez Juan Carlos Cerón decidió en una reciente providencia aplazar la declaración de Sonia Castedo y el resto de imputados por el Plan Rabasa hasta resolver, precisamente, esta cuestión sobre el llamado incidente de nulidad. Después de tener en su mano el informe completo de la brigada policial de la UDEF el magistrado citó en calidad de imputados para los días 27, 28 y 29 de octubre a Enrique Ortiz, Enrique Sanus, Isabel Campos y a dos técnicos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado. Asimismo había previsto la declaración de la regidora para el próximo 27 de noviembre. Al decidir ahora entrar a valorar si es competente o no para llevar el caso las declaraciones han quedado en el aire.
