Proporcionadas, necesarias e idóneas para la investigación. Así describe el juez instructor del Plan Rabasa, Juan Carlos Cerón, las escuchas relativas al macroplan urbanístico y su aportación a la causa, unas intervenciones que solicitó la Fiscalía y que han contado con el visto bueno del magistrado, que las acepta al considerarlas útiles para indagar las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan.
En un auto notificado hace seis días a las partes el juez desestima los recursos presentados por la defensa del constructor Enrique Ortiz y por una de las funcionarias municipales denunciadas por EU, mediante los que se pretendía anular las escuchas relativas al Plan Rabasa. La incorporación de los pinchazos a la causa fue acordada por el juez a petición de la Fiscalía. Las citadas defensas recurrieron la decisión del juez de solicitar al juzgado de Orihuela que instruye la causa madre del caso Brugal que le remitiera los pinchazos telefónicos relativos al Plan Rabasa. Según Ortiz y una de las funcionarias denunciadas las escuchas no tendrían que ser válidas por estar acordadas por un juez de Orihuela después de que éste ya hubiera desviado la causa sobre el Plan Rabasa a un juez de Alicante. Sin embargo, Cerón ha dicho que las escuchas son idóneas para la investigación y que por ello se ha solicitado testimonio de las mismas al juzgado de Orihuela en el que obran los pinchazos. Para el juez, no son ni inútiles ni perjudiciales, y entiende que son admisibles por su «proporcionalidad ente la medida que se propone y el resultado que se persigue».
El magistrado las considera útiles, además de añadir que él no puede entrar a valorar su nulidad o no, ya que se han dictado por otro juez. En su opinión «estas intervenciones están en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que instruye una causa contra los mismos imputados y por los mismos delitos. La parte recurrente podrá instar en el TSJ lo que a su derecho conviniere», precisa el magistrado el relación al proceso por los presuntos amaños del PGOU que investiga el TSJ y que comparten algunos de los imputados/denunciados.
El PSOE defiende su personación
Por otro lado, el PSOE remitió ayer al juez un escrito en el que se opone al recurso de reforma presentado ante el juez por el constructor y otra de las denunciadas en este caso, la que fuera secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda contra la aceptación de los socialistas como acusación pública. La formación incide en que su objetivo es la defensa de los intereses de los alicantinos y la lucha contra la corrupción y destaca su «perplejidad» ante la insistencia de Enrique Ortiz de dejar fuera de la causa al PSOE como acusación popular. En un escrito anterior, la defensa de Ortiz y de la exsecretaria de Medio Ambiente rechazaron el visto bueno del juez para que los socialistas se personaran como acusación popular. Concretamente, esta última recordaba que carecía de sentido que el PSOE fuera ahora acusación después de ser el partido que dio su apoyo al PP para que se aprobara el Plan Rabasa definitivamente. Sin embargo, el escrito presentado ayer por el PSOE ante el juez oponiéndose a esa petición de los dos denunciados no entra a valorar la cuestión sacada a colación por el letrado de la exsecretaria autonómica. El PSOE sí contesta a la parte en la que Ortiz señala que «ambas acusaciones refiriéndose a PSOE e EU son partidos políticos y su interés es el de intervenir en el proceso penal para obtener rédito político». Rebate la formación socialista que los intereses de EU son desconocidos, «pero dejar apuntado que el único interés del PSOE no es otro que el de asumir la defensa del interés público».
También rechaza la argumentación de la denunciada sobre la falta de concreción sobre qué órgano concreto del PSOE se persona en las actuaciones.
