A medida que se acercan las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y, por tanto, la elaboración de las candidaturas, la ondulante «línea roja» marcada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ante la avalancha de investigaciones por corrupción que azota a cargos del PP en la Comunidad, condiciona cada vez más a la cúpula nacional de Génova. Los populares suspiran por un pacto -ya lo han ofrecido en público hasta en dos ocasiones y al máximo nivel- con los socialistas que marque el momento en el que un cargo público imputado por corrupción se tiene que marchar a su casa. De esa manera y con una norma escrita y consensuada por las dos principales fuerzas políticas, Rajoy sortearía, al menos en parte, decisiones espinosas y que pueden avivar la crisis interna del PP en la Comunidad. Lo que busca la cúpula popular es un documento que les haga el trabajo y que permita decidir sobre los imputados con una base legal que evite los conflictos. Una «línea roja», en cualquier caso, más tibia. Fija el momento de asumir responsabilidades políticas en la apertura de juicio oral frente a la tesis de Fabra, alejada cada vez más de Génova y que el jefe del Consell amolda a su interés para capear el temporal, de promover relevos y excluir de las listas cuando se produce sólo la imputación.
Con las investigaciones por corrupción azotando a los populares valencianos, el jefe del Consell, después de aterrizar en el Palau de la Generalitat hace ahora tres años, trató de marcar distancias. ¿Cómo? Instauró esa famosa «línea roja» que, a medida que avanzaban investigaciones judiciales, ha supuesto la destitución para los altos cargos de elección directa por parte del presidente que aparezcan imputados en sumarios por corrupción -sólo con Joaquín Ripoll no ha cumplido la regla- y la marcha de los diputados, con escaño dependiente de procesos electorales, en el momento que se decidía la apertura de juicio oral. Además, el jefe del Consell ya ha advertido de que los imputados no formarán parte de la listas electorales de los populares en la Comunidad algo que, de aplicarse, supondría el relevo, por ejemplo, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, encausada por tres delitos en la pieza de Brugal que investiga un supuesto amaño de operaciones urbanísticas a favor del constructor Enrique Ortiz.
Para Génova, sin embargo, la «línea roja» de Fabra se ha convertido en un problema. Relevar a cargos con una imputación -como en el citado caso de Castedo o el del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller- puede acabar abriendo en canal al PP. En las últimas semanas, tanto Carlos Floriano, vicesecretario nacional de los populares, como la propia María Dolores de Cospedal, número dos de Rajoy en Génova, han ofrecido un pacto a los socialistas para decidir el momento en el que un cargo público debe dejar el sueldo público. La posición de la cúpula nacional del PP, atenazada por los problemas que le puede generar una «línea roja» como la que plantea Alberto Fabra, es más flexible y laxa que la del titular del Consell.
De hecho, el propio Floriano marcó esa postura durante la reciente Escuela de Verano que el PP celebró en El Escorial, un encuentro en el que se abordaron propuestas de regeneración política. El número tres popular apostó por marcar la apertura de juicio oral y no la imputación el momento en el que el PP aparte a sus cargos. Detalló que la imputación es una garantía procesal y un cargo puede estar imputado en un causa y después quedar, a la vez, desimputado sin llegar a celebrarse juicio. Esta es la tesis que defienden los populares en las negociaciones abiertas en el Congreso para consensuar la reforma que está planteando el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Seguir en el cargo y en la lista
Un escenario que pone a Fabra en un brete. Con la tesis más suave de Génova, los imputados podrían seguir en el cargo y, además, ser también candidatos. Es decir, por ejemplo, Castedo o Alfonso Bataller, a día de hoy y mientras no se les abriera juicio oral, podrían repetir en Alicante y Castellón, respectivamente. E, igualmente, podrían hacerlo los tres diputados -Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García Santos- que quedan imputados en la bancada popular de las Cortes. Grave problema para Alberto Fabra.
Y dificultades también para los socialistas. En la última campaña interna para elegir candidato a la secretaría general del PSOE, frente a la posición de José Antonio Pérez Tapias de hacer tabla rasa en el momento de la imputación tanto Eduardo Madina como el vencedor Pedro Sánchez proclamaron, en la misma línea que propone la cúpula del PP, por fijar su propia raya contra la corrupción en la apertura de juicio oral, posición que choca por completo con la postura tanto de la dirección del PSPV como de los socialistas de Alicante de reclamar la dimisión de los imputados del PP en la Comunidad que, con el planteamiento del nuevo jefe de Ferraz, también podrían ser candidatos en 2015.
