Dos altos cargos del PP cuestionaron ayer abiertamente la «línea roja» del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, contra los imputados por corrupción. José Juan Zaplana, número dos de José Císcar en el PP de Alicante, y César Sánchez, el tercero en el escalafón de la dirección regional, marcaron distancia con el ideario de su líder autonómico y verbalizaron la tesis que, desde hace meses, desliza en privado el sanedrín popular alicantino: los imputados, sea cual sea su cargo y a diferencia del argumentario de Fabra, tienen derecho a participar en la vida interna del PP hasta que se dicte una sentencia en contra.

«¿Imputados? Cualquiera que ostente un cargo en el partido, tanto de representación en un Ayuntamiento o en cualquier institución, están llamados a hacer campaña electoral», respondió Zaplana durante la presentación de la convención que celebrará este fin de semana el PP de Alicante en una declaración que evidencia la falta de cohesión en las filas populares sobre este asunto. Mientras que en Valencia Fabra empuja a los diputados para que dimitan cuando se les fija fecha para el juicio en Alicante la presión sobre los imputados se relaja. «Hasta que un juez no determine que una persona es culpable se le exige compromiso y trabajo», dijo el secretario general de los populares alicantinos en su comparecencia junto a César Sánchez.

No es la primera vez que destacados miembros del PP ponen en cuestión la debilidad de la doctrina de Fabra y reivindican la necesidad de diferenciar entre imputados y condenados. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ya ha manifestado en varias ocasiones sus reparos al ideario del jefe del Consell. Con todo, Fabra está empeñado en aplicar su «línea roja» y, hace tan solo unas semanas, consiguió que Angélica Such, primero, y después la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, renunciaran a su escaño en las Cortes a raíz de su procesamiento en la rama valenciana de Gürtel. Sin embargo, «La Perla» sigue al mando del consistorio noveldense lo que la incluye en la lista de «invitados» a la convención que ha organizado Císcar este fin de semana en Alicante. Pese a que aún no está confirmada su asistencia, Zaplana aseguró ayer que «entiende que sí vendrá» al igual que el resto de alcaldes populares de la provincia entre los que se encuentra la primera edil alicantina, Sonia Castedo, encausada en Brugal. Para los populares de Alicante «el proyecto está por encima de personas y afiliados».

El número dos de Císcar reiteró que «exijo y pido a todos los responsables políticos que se dejen la piel para ganar las próximas elecciones», concebidas como la antesala de los comicios autonómicos de 2015. Un examen para los populares que los alicantinos no están dispuestos a suspender aunque dos de sus plazas estén lideradas por alcaldesas imputadas -las citadas Milagrosa Martínez y Sonia Castedo- que, de momento y de aplicarse las tesis de Alberto Fabra, no podrían ir en las listas para 2015. No obstante, en el acto preelectoral de este fin de semana el protagonismo recaerá en el presidente provincial, José Císcar, que será junto con la titular de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, y el coordinador de campaña en la provincia, César Sanchez, los únicos miembros de la formación que pronunciarán un discurso ante la militancia.

Así se evitan, al menos por ahora, más polémica. Los regidores populares de la provincia, así como los portavoces de grupo en la oposición, mantendrán sendos encuentros privados con Císcar que el vicesecretario regional del PP calificó como «microactos 3.0». «Un paso más», dicen desde el PP, para intentar frenar la desafección de la ciudadanía hacia la clase política y lograr que Alicante «lidere la recuperación económica y electoral».