La famosa «línea roja» impuesta por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para hacer frente a las investigaciones por corrupción que afectan al PP se ha convertido en una cuerda que, cuando la situación se complica, aprieta cada vez un poco más al líder popular. El trato a los imputados y a los cargos del PP que ya han empezado a desfilar por los tribunales con sentencia firme -la petición de indulto de 40 diputados populares para el condenado Pedro Hernández Mateo es el último episodio- se ha convertido en un auténtico calvario para Fabra. Un foco de conflicto permanente que mina, junto con otros enredos internos del PP, la figura del jefe del Consell cuando resta año y medio para las elecciones autonómicas. Y que, además, evidencia su dificultad para controlar a los cuadros intermedios del organigrama popular -muchos herencia de la etapa de Francisco Camps- y el grupo en las Cortes, que el antiguo inquilino del Palau de la Generalitat diseñó a su imagen y semejanza cuando, ya claramente debilitado, se presentó a la cita con las urnas de 2011.
La ausencia de una bancada con diputados de confianza es la razón principal que, precisamente, ha puesto a Fabra en una situación más que incómoda: convivir con un grupo en el que unos 40 diputados de los 54 que lo conforman avalan el indulto a un exalcalde -el citado Hernández Mateo- condenado a tres años de prisión por corrupción. Ahí queda eso. Una operación que, desde luego, choca por completo con esa «línea roja» de Fabra. Para el jefe del Consell, desde luego, hubiera sido, quizás, más fácil no mover ficha desde un principio con los imputados. Esperar que los tribunales le hicieran poco a poco el trabajo. Las aguas internas del PP, a lo mejor, bajarían más tranquilas. Pero también es cierto que, con el actual panorama político, a Fabra no le quedaba otra que ofrecer, al menos de puertas hacia fuera, una imagen: hacer frente a los casos de corrupción. Eso o apechugar, si cabe, con un mayor descrédito ciudadano del que el PP ya acumula a día de hoy con las investigaciones por corrupción que le azotan de norte a sur. No había muchas más salidas.
Pero nunca llueve a gusto de todos. La nueva generación de dirigentes del PP reclama más dureza ante el temor de echar canas en los bancos de la oposición; y la vieja guardia se queja del trato a dirigentes populares inmersos en investigaciones por corrupción y con muchos trienios de servicio a la causa popular. Y Alberto Fabra está en el peor sitio: en tierra de nadie. Para unos se ha quedado corto. Para otros, ha ido demasiado lejos. Precisamente, el origen del último sobresalto que ha registrado la crisis interna del PP tiene que ver con los movimientos para «salvar» a una de las caras más reconocibles del decorado popular durante las dos últimas décadas de control casi absoluto sobre las grandes instituciones de la Comunidad.
La maniobra para promover el indulto de Pedro Hernández Mateo -sentenciado a tres años años de cárcel por amañar la contrata de basuras de Torrevieja durante su etapa como alcalde- ha vuelto a poner sobre el tapete, de hecho, todas esas dificultades de Fabra para controlar el PP y, sobre todo, sus problemas para infundir autoridad. La sucesión de acontecimientos desde que el diputado oriolano Andrés Ballester llegó a la reunión del grupo popular y pasó un papel a sus compañeros para que respaldaran el indulto a un condenado, desnudan el día a día tan complicada en el que se mueve la organización. Los parlamentarios, por ejemplo, no hicieron caso de la cúpula regional del PP, que se desmarcó del movimiento y que advirtió -«a buen entendedor...», apunta un dirigente popular- de que se trataba de una operación a título personal. En esa reunión, por ejemplo, no estaba el síndic del PP en las Cortes, Jorge Bellver. «¿Cómo es posible que el portavoz no se entere de lo que se cuece ni siquiera en su propio grupo?», apunta un diputado popular de los que ya cuestiona abiertamente el papel que juega el portavoz.
A posteriori, además, todos los síntomas fueron en clave negativa: la recogida de firmas siguió durante el pleno de las Cortes, el propio Andrés Ballester desafió en público a Fabra y el desenlace con el presidente de la Generalitat hablando hoy de sancionar al diputado y con su síndic, al día siguiente, negando la posibilidad de tomar ningún tipo de medida. Una salida que traslada debilidad: no mover demasiado el patio para limitar el tono de los conflictos. ¿Y ahora qué? Ese mismo escenario que se ha producido con Hernández Mateo se puede reproducir, en apenas unos días, una vez que se conozca la sentencia de Carlos Fabra. La dirección del PP quiere extremar al máximo el control para evitar que se vuelva producir algo similar. Sería, así lo reconocen, otro error.
