Los empresarios valencianos continúan buscando aliados en su cruzada por mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana financiación y el nivel de las inversiones públicas inversiones públicasen esta autonomía. Si en los últimos meses han buscado aliarse a la clase política, primero con el Consell (sin conseguir una reunión con el ministro Montoro) y luego con una ronda de contactos con el resto de fuerzas, la vía que va a explorarse ahora es la de buscar un frente común ante Madrid con los empresarios de las comunidades vecinas con problemas similares a la valenciana.
Los empresarios valencianos y murcianos se van a unir para reclamar al Gobierno central una quita en la deuda de los dos gobiernos autonómicos generada a causa de la insuficiente financiación autonómica que reciben ambas comunidades. Su pretensión es conseguir que el Estado condone parte de los créditos del ICO y los fondos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que Valencia y Murcia se han visto obligadas a asumir para financiar los servicios públicos ante la escasa asignación por habitante que reciben.
El presidente de la patronal valenciana Cierval, José Vicente González, tiene prevista una reunión con su homólogo murciano, el presidente de la Croem, José María Albarracín, con el objetivo de defender juntos que el actual sistema de financiación perjudica a ambas autonomías.
José María Albarracín aseguró que mantiene «una relación muy fluida» con el presidente de Cierval, con el que piensa reunirse de inmediato. Añadió que también cabe la posibilidad de incorporar a la patronal alicantina para ganar más peso a la hora de plantear sus reivindicaciones ante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Recordó que la Croem «ha mantenido siempre que el sistema de financiación se tiene que adaptar a la realidad», mientras que el Ejecutivo ha anunciado que la revisión no se hará ni en 2014 ni en 2015.
Ante esta situación, González y Albarracín coinciden en la necesidad de condonar la deuda de las comunidades de Murcia y de Valencia con el Estado que está generada por el desfase entre los ingresos y los gastos a los que deben hacer frente. A su vez, el déficit hace crecer la deuda cada año, lo que convierte el pago de intereses intereses y la amortización del capital prestado en uno de los principales capítulos de gasto, después de la nómina de la plantilla, e impide pensar en las inversiones pendientes.
Añadió que esta exigencia debe ir acompañada además del compromiso de que «se controle mejor el déficit y de que el presupuesto se ajuste» a las posibilidades reales «para que se pueda cumplir».
Expertos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) han alertado de que esta dependencia financiera del Estado confiere al Gobierno central «un control efectivo sobre el nivel de gasto e incluso sobre las prioridades de las políticas de las comunidades acogidas». El estudio, denominado «Estabilidad presupuestaria en las comunidades autónomas: más allá de la reforma de la Constitución», está firmado por Violeta Ruiz (Universidad Carlos III) y Alain Cuenca (Universidad de Zaragoza Funcas). Los autores han encendido las alarmas ante la «hipótesis plausible» de que la financiación a través del FLA se convierta en un mecanismo permanente.
Esta hipótesis resulta más que plausible, dado que el Gobierno central ha aplazado indefinidamente la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, que inicialmente iba a establecerse este año, aunque fuese con efecto retroactivo al 1 de enero.
Este aplazamiento perjudica especialmente a las comunidades autónomas más pobladas, que están recibiendo una asignación por habitante inferior a la media nacional, como la valenciana y Murcia, dado que el mantenimiento de los servicios públicos les obliga necesariamente a gastar más de lo que ingresan. En esta situación volverá a ser muy difícil controlar el déficit y cumplir el objetivo fijado para las comunidades autónomas en 2014, que está establecido en el 1% del PIB.
