Como un jarro de agua fría en la ya gélida tarde-noche madrileña recibieron ayer los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó el auto en el que el magistrado Javier Gómez Bermúdez les imponía una fianza de siete millones de euros a cada uno si querían evitar ocupar las mismas celdas que probaron hace unas semanas Roberto López Abad y Daniel Gil, sus socios de la CAM en la participada Valfensal cuyos negocios han dado pie a una investigación judicial y a estas medidas. Unos calabozos en los que los dos hoteleros han pasado la noche al no haber podido hacer frente con la inmediatez que pretendían al aval impuesto por el juez.
Visto cómo se las gastó el magistrado con el exdirector general de la caja (al que fijo una fianza de 1.500.000 euros por los mismos hechos que imputa a los empresarios) y con su exresponsable de inversiones (a quien obligó a pagar 400.0000 si quería salir de prisión), los imputados habían calculado que las suyas rondarían los cinco millones, cantidad que su señoría elevó a siete después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera para ambos la prisión provisional sin fianza.
No obstante, y aunque eso no pudo evitar que poco antes de las 20 horas partieran rumbo al centro penitenciario de Soto del Real en el interior de un furgón de la Guardia Civil, el abogado de los empresarios, el penalista Esteban Mestre, dejó anoche consignados en el juzgado bienes (propiedades inmobiliarias en su mayoría) por unos catorce millones de euros (el doble de lo exigido por el juez) para cada uno de los empresarios, unas posesiones que ahora tienen que ser tasadas e informadas por el fiscal antes de que Gómez Bermúdez estime que la fianza está satisfecha y decrete la libertad de los encarcelados, lo que podría ocurrir en breve.
Bronceado y jet lag
El traslado a Soto del Real fue el colofón de un día negro para Ferri y Baldó que comenzó con su presentación en la Audiencia Nacional al filo de las nueve de la mañana, una hora antes de cuando estaban citados ante el juez. Luciendo un bronceado de envidia y aún con el jet lag en el cuerpo tras haber viajado el día anterior desde México, donde se encontraban por motivos laborales, los empresarios pudieron disfrutar del privilegio de no acudir detenidos ni esposados ante Bermúdez (como sí lo hicieron los exdirectivos de la caja López Abad, Gil o César Véliz, arrestados todos ellos en el marco de esta operación), tras las negociaciones mantenidas por su abogado. Eso no evitó que ambos llevaran la tensión esculpida en cada músculo de la cara o que a Baldó (Ferri no fuma) los cigarrillos no le duraran más allá de una calada.
A todas las partes personadas respondieron los empresarios (a los que el juez imputa haber dejado de declarar a Hacienda unos 32 millones de euros procedentes de los beneficios de los negocios hoteleros que tenían con la CAM en México y la República Dominicana) negando que utilizaran el paraíso fiscal de Curaçao para eludir sus obligaciones con el fisco.
En torno a las dos horas empleó cada uno de los imputados en intentar desvirtuar la imputaciones que les atribuye el juez y, tras el susto de la petición de libertad sin fianza lanzada por el fiscal, el horizonte pareció aclararse cuando al término de las comparecencias el magistrado les permitió marcharse a comer antes de decidir qué medidas cautelares iba a adoptar.
El respiro fue un espejismo. Pese los argumentos de su abogado sobre el arraigo de dos empresarios en España (Ferri tiene cinco hijos pequeños que viven en el entorno de Benidorm), los más de 3.000 puestos de trabajo que dependen de su gestión directa o el hecho de que han comparecido en el juzgado siempre que se les ha citado, su abultado patrimonio y los cargos que pesan sobre ellos jugaron en su contra y le mandaron a pasar al menos una noche entre rejas.
