Vestido de oscuro, con barba poblada y la carpeta tras la que intentaba ocultar su rostro como único equipaje abandonó ayer Roberto López Abad la prisión madrileña de Navalcarnero a la que fue trasladado la noche anterior desde la de Soto del Real. Eso ocurría poco después de las siete de la tarde. Unas horas antes el juzgado que dirige Javier Gómez Bermúdez consideró suficientes los bienes designados por los abogados del exdirector general de la CAM para hacer frente al pago del millón y medio de fianza que el jueves le impuso el magistrado como condición para recuperar la libertad, aunque sea con carácter provisional.
Con caminar ágil y, al menos en apariencia, menos afectado que cuando su compañero de trabajo y después de presidio, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil, pasó por el mismo trance el viernes pasado, López Abad salvó con rapidez los apenas cien metros que le separaban desde la puerta de la cárcel hasta el vehículo en el que un familiar le estaba esperando para salir derrapando.
Durante ese trayecto, y también a diferencia de Gil (que en esos momentos de tensión aguantó con aplomo el trabajo de los periodistas) el exmáximo responsable de la CAM, que nunca rehuyó los focos mientras estuvo en la cúspide financiera de la Comunidad, intentó ayer esquivarlos, aunque sin éxito, moviendo la carpeta como si fuera un abanico. Ritmo que continuó una vez dentro del coche hasta que se alejó del penal.
Seis días separan el ingreso en prisión de López Abad (al que el juez atribuye haber ocultado a Hacienda millones de euros procedentes de los negocios en el Caribe de la participada Valfensal, una operación en la que también implica a Daniel Gil y a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, a quienes este operativo les ha pillado fuera del país) de su excarcelación. Seis días en los que los abogados del exalto directivo han tenido que mover cielo y tierra para conseguir el millón y medio de euros impuesto como fianza. Unas gestiones que hasta media mañana de ayer no dieron sus frutos. Además de este aval, Roberto López ha designado dos viviendas (una en Alicante y otra en Madrid) y deuda de Estado para cubrir la fianza solidaria de 27 millones que el juez acordó para la excúpula de la CAM imputada en otra causa. López Abad, a quien en julio del año pasado se le retiró el pasaporte, no puede salir de España y tiene que seguir presentándose cada quince días en el juzgado o comisaría en que lo viene haciendo desde entonces.
En la elaboración de esta información han colaborado P. Cerrada, J. A. Martínez y D. Navarro.
