El Ayuntamiento dice que el Puerto debe dar solución a los graneles

El fiscal Anticorrupción insta a entregar a la unidad policial de blanqueo de capitales todos los informes

16.01.2016 | 01:00
Carga y descarga de graneles en el muelle 17 del puerto de Alicante en una imagen tomada recientemente

El tripartito afirma que los expedientes fueron archivados por Castedo.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, asegura que en el conflicto de los graneles «la pelota está ahora» en manos de la Autoridad Portuaria. Al respecto, recuerda que el Ayuntamiento requirió al Puerto para que tramite la licencia ambiental municipal. Pavón se pronunció así esta mañana al ser preguntado por la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre esta actividad tras la denuncia de los vecinos de la asociación Gran Vía Sur Puerto.

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante reclama al Ayuntamiento que remita al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional de toda la documentación de la que disponga acerca de la carga y descarga de graneles en el puerto y dé cuenta de todas las actuaciones llevadas a cabo. Se trata de un primer paso en la investigación abierta tras la denuncia presentada por los vecinos de Gran Vía-Sur contra el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria por un presunto delito de prevaricación por omisión al permitir la actividad de carga y descarga de carbón y cemento a cielo abierto sin exigir una licencia ambiental municipal.

El fiscal también pide al Ayuntamiento que certifique si las tres empresas que operan en la descarga de graneles cuentan ahora o con anterioridad con licencia ambiental municipal. Un requisito que, según los vecinos, es indispensable. Por contra, el puerto ha mantenido que la actividad cumple la legislación y el anterior gobierno local del PP no consideró necesaria esta licencia, dado que en 2010 archivó los expedientes de las empresas solicitándolos. Así lo recuerda el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en un comunicado en el que indica que, entre la documentación que entregará a la Policía, figurarán los tres expedientes que a finales de 2008 el Ayuntamiento expuso al público para que las tres empresas obtuvieran la licencia ambiental municipal y que «fueron archivados por el equipo de la exalcaldesa, Sonia Castedo» en 2010.

El presidente de los vecinos de Gran Vía Sur, Manuel Alcón, recuerda que la denuncia por presunta prevaricación por omisión se dirige tanto al Ayuntamiento como al puerto y tanto a los anteriores equipos como a los actuales «si no actúan». El tripartito ya ha movido ficha al entender que esa licencia ambiental sí es necesaria. De esta forma, el mismo día que los vecinos presentaron la denuncia, el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, remitió un escrito al presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, exigiéndole la obtención de la licencia ambiental municipal para la carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de graneles pulvurulentos «de acuerdo a la ley autonómica de prevención, calidad y control ambiental de actividades», a la que también alude el fiscal en su escrito. El puerto, que defiende que la actividad cumple con los parámetros medioambientales, ha encargado un informe para determinar quién debe solicitar el informe, si el puerto o las empresas.

En este punto, el fiscal Anticorrupción ha hecho llegar su escrito al Ayuntamiento de Alicante. En él se alude a las diligencias penales bajo el asunto de «actividad desarrollada desde hace más de 20 años sin licencia medioambiental por tres empresas: Alicante Port, Cesa Alicante y Bergé Marítima». Briones sostiene que «indiciariamente la competencia inspectora de las actividades sometidas a licencia ambiental corresponde al Ayuntamiento».

El fiscal alude a diferentes informes, como al del Síndic de Greuges de 2009 en el que se amparan los vecinos y que recoge que la «actividad molesta» se desarrolla «sin licencia ambiental». Anticorrupción también destaca los «informes contradictorios» emitidos por la Conselleria de Medio Ambiente. Uno en 2009 en el que se indicaban al Ayuntamiento las medidas a cumplir y otro de 2010 en el que dejaba en manos del puerto el establecimiento de las mismas. También se subrayan las contradicciones al respecto entre los informes de Puertos del Estado y de la Dirección General de Cambio Climático.

El fiscal insta al Ayuntamiento a entregar toda la documentación a la Policía «a la mayor prontitud» para «la depuración de los hechos que se investigan y de sus posibles responsables». Le reclama «cuantas actuaciones, hasta la actualidad, obren en el Ayuntamiento» en relación a este asunto, todos los informes, en especial los del puerto y la Generalitat, así como el certificado sobre si las empresas cuentan con licencia ambiental.

El puerto entrega la documentación

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Alicante, también investigada, ha hecho público hoy un comunicado en el que informa que mediante escrito de 30 de noviembre de 2015, con fecha de entrada 9 de diciembre inmediatamente siguiente, «el Ministerio Fiscal se dirigió a esta entidad solicitando la documentación que obrara en la APA relacionada con la actividad desarrollada en el muelle 17 del puerto de Alicante por las empresas Alicante Port, Cesa Alicante y Bergé Marítima, así como cuantos documentos, informes o dictámenes se hubieran recibido en la APA o cursados por la misma en relación a dichas actividades». Igualmente se informa que con fecha 16 de diciembre de 2015, esto es, siete días después de que tuviera entrada la solicitud de la fiscalía, le fue remitida toda la documentación solicitada, incluyendo el escrito de fecha 13 de noviembre de 2015 de la APA en respuesta al escrito de 6 de noviembre del mismo año de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.

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