La Autoridad Portuaria de Alicante reiteró ayer al nuevo consejo de administración, en el que se sentaron por primera vez el alcalde Gabriel Echávarri y los ediles Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón, que la actividad de descarga de los graneles sólidos en el puerto no es nociva para la salud de los vecinos que viven frente a la dársena. Algo que el concejal de Urbanismo y consejero, Pavón, instó a demostrar con las autorizaciones ambientales pertinentes, ya que «lo que está claro es que se necesita una licencia ambiental del Ayuntamiento de la que carecen y que deben solicitar, y así se lo he hecho saber al presidente Juan Antonio Gisbert. El Ayuntamiento no va a ir contra la actividad del puerto, pero la descarga de graneles se tiene que regularizar y lo vamos exigir». Pavón admitió que «se utilizan medidas correctoras pero quizá haya que hacer algo más y deben trabajar en ello, tal como se lo dijo el Síndic de Greuges».
Por lo demás, el consejo de ayer fue de guante blanco, aunque también se abriera el debate sobre las dietas que cobran lo consejeros por asistir a las reuniones. «Hemos pedido que se cree un fondo social, pero técnicamente parece que no es posible, como tampoco lo es que los cargos electos no las perciban», apuntó Pavón. No obstante, ni el concejal de Urbanismo, ni el alcalde Echávarri, ni el edil Natxo Bellido dieron ayer sus datos para recibir la dieta.
Los consejeros informaron, por otra parte, a favor de la propuesta de la firma Ociex para hacerse con la concesión del centro de negocios (antigua Casa del Mar), que gestiona ahora la firma Alicante Business Center, constituida por extrabajadores de la empresa que quebró y que pueden quedarse ahora fuera tras haber recibido el pasado marzo una autorización provisional. Se dio también vía libre al parking de la terminal marítima de cruceros.
