El fiscal Felipe Briones ha instado al Ayuntamiento de Alicante a entregar al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional todas las actuaciones y documentos que obren en los archivos municipales sobre la actividad de graneles pulverulentos desarrollada en el muelle 17 del puerto por tres empresas.

El fiscal Anticorrupción de Alicante ha formulado por escrito ese requerimiento al consistorio, según un comunicado de la corporación local.

El escrito, registrado en el ayuntamiento en diciembre pasado, enmarca la actividad de manipulación de graneles sólidos en el muelle 17 del puerto en las diligencias de investigación que se tramitan en la Fiscalía de la Audiencia Provincial, "cuyo asunto es la actividad desarrollada desde hace mas de 20 años" supuestamente "sin licencia ambiental" "sin licencia ambiental"por esas tres mercantiles, señala la nota.

"Briones insta a entregar cuantas actuaciones hasta la actualidad obren en el ayuntamiento en relación a la actividad investigada y cuantos documentos, informes o dictámenes se hayan recibido hasta la fecha en el consistorio o hayan sido cursados por éste" sobre el mismo asunto, según fuentes de la corporación local.

En especial, "los que provengan de la Generalitat y la Autoridad Portuaria de Alicante o los que hayan sido remitidos por el ayuntamiento a ambas administraciones", indica el comunicado.

También pide al consistorio que certifique "si las tres empresas que operan con graneles sólidos en el muelle 17 han contado en algún momento o cuentan en la actualidad con licencia ambiental expedida por el consistorio".

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE); el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant), y el portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido (Compromís), han adelantado que el consistorio dará cumplimiento a la mayor prontitud al requerimiento de la fiscalía y, por consiguiente, entregará toda la documentación solicitada.

Entre ésta se incluirá el escrito dirigido a la Autoridad Portuaria y firmado el pasado 6 de noviembre por Pavón en el que se exige la obtención de licencia ambiental para la actividad de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de graneles pulverulentos en el puerto de acuerdo a lo dispuesto en la ley autonómica de prevención, calidad y control ambiental de actividades.

También se remitirán los tres expedientes que a finales de 2008 el ayuntamiento sometió a información pública para que las tres empresas que operan con graneles sólidos en el puerto obtuvieran la correspondiente licencia municipal.

Según el comunicado del consistorio, esos expedientes "finalmente fueron archivados" por el entonces equipo de gobierno municipal del PP, presidido por Sonia Castedo, "pese a incorporar un informe de la Conselleria de Medio Ambiente emitido en 2009 que contemplaba medidas correctoras, como tolvas ecológicas, cintas carenadas, filtros de mangas o almacenamiento en naves o silos cerrados".

A este respecto, la nota de prensa asegura que esas "medidas nunca se adoptaron".

El actual gobierno local (PSPV-PSOE, Guanyar Alancat y Compromís) ha manifestado que espera que la iniciativa judicial, "al margen de las responsabilidades penales que puedan dirimirse, ayude a que la actividad investigada se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en la legislación aplicable, de modo que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente en el entorno portuario".

"Especialmente, en los barrios situados en dicho entorno, como Gran Vía Sur, Benalúa, Ensanche-Autobuses o San Gabriel", ha indicado.