La semana que termina ha sido la última para David Costa como usuario del centro de día y residencia para personas con autismo de Alicante. Muy a su pesar, sus padres han tenido que sacarle de este centro, el único recurso que existe en la ciudad de Alicante para personas con un problema como el de David. La nueva tasa a la discapacidad, aprobada por el Conselltasa a la discapacidad, grava desde enero este tipo de servicios y no les ha dejado, según aseguran, otra salida. «David cobra una pensión no contributiva de 548 euros y desde enero tenemos que pagar 380 por el centro, es inasumible», explica su madre, María Soler.
En casa están todos en paro, «sólo entra un subsidio de 400 euros». Sin trabajo y con otros dos hijos que mantener «necesitamos el dinero de la pensión de David para que la unidad familiar coma porque, además, no tenemos a nadie que nos pueda ayudar». Se trata, resume su madre, «de elegir entre comer y tener un techo donde vivir o pagar otro tipo de cosas». Aunque asegura que al chico «no le va a faltar de nada», insiste en que «lo prioritario es que el resto de la familia podamos comer, simplemente eso, porque no nos podemos permitir ningún tipo de capricho».
María Soler sostiene que ha intentado por todos los medios negociar una salida con la Conselleria de Bienestar Social. «Los servicios territoriales aseguran que entienden mi situación pero dicen que desde Alicante no se puede hacer nada». Para esta familia la decisión no ha sido nada sencilla. «Este centro es el más adecuado para personas autistas como David y sabemos que si dentro de un tiempo las cosas mejoran, será muy difícil que consigamos de nuevo la plaza, pero esta es la situación a la que te abocan cuando no te dejan otra salida por más que suplicas que te ayuden».
La vida de esta familia va a cambiar radicalmente a partir del lunes. Y es que David, que tiene 29 años, estaba interno de lunes a viernes en el centro y los fines de semana los pasaba con su familia. Su enfermedad requiere que una persona esté permanentemente junto a él, «por lo que nos iremos turnando la familia para que no se quede solo», explica María Soler. Esta madre asegura que no es la única que se ve obligada a sacar a su hijo del centro por no poder hacer frente al copago. «Otras familias me dicen que están igual».
El pasado mes de enero entró en vigor la tasa que grava el uso de centros de día, ocupacionales y residencias para personas con discapacidad. El PSOE presentará el lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de derogarlo. Mientras, decenas de personas preparan recursos de alzada y otras familias se han declarado ya insumisas pese a que Hacienda aplica un recargo que puede llegar a ser del 20% para los morosos.
