El copago, o más bien la forma de combatirlo, ha acabado por dividir a las principales asociaciones de discapacitados de la Comunidad Valenciana. La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia reprocha al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad que esté promoviendo una iniciativa legislativa popular para pedir en el Congreso un cambio en la Ley de la Dependencia para que las aportaciones de los usuarios de centros públicos sean en función de la renta, en concreto si las pensiones son superiores a 1.331,28 euros al mes. Para la plataforma, esta iniciativa supone aceptar de alguna forma que haya un copago, algo que ellos rechazan categóricamente. La coordinadora de plataformas de defensa de los dependientes se opone a cualquier copago y alerta de que la propuesta del Cermi significa «abrir la puerta a la destrucción de un sistema que debería ser universal y garantizar un derecho subjetivo». De momento, ya han anunciado que no colaborarán en la recogida de las 500.000 firmas. El Cermi se defiende y, en palabras de su presidente autonómico, Joan Planells, sostiene que «en ninguna parte del texto de la ILP se dice que solicitemos un copago, ni que sea partidario de él, sólo se pide poner unas fronteras a los copagos incautatorios que estamos sufriendo y que en la Comunidad Valenciana son enormes». Las fronteras que proponemos, añade, «dejan al 90% de las personas con discapacidad fuera del copago, pues somos el núcleo de población con menos recursos del país».
