Esta vez no hay rebeldía que valga frente al copago. Los discapacitados de centros de día, ocupacionales y residenciales de la provincia tendrán que pagar sí o sí la nueva tasa impuesta por la Generalitat Valenciana por el uso de estos servicios si no se quieren enfrentar a un recargo que puede llegar a ser del 20% para los morosos, con el embargo de la cuenta corriente incluido.
Y es que, como cualquier otro impuesto, el que afecta a los discapacitados está sujeto a una serie de recargos que van aumentando según pasen los días y no se efectúe el pago. Según explicaron ayer desde la Conselleria de Hacienda, si el pago se realiza fuera de plazo pero antes de que llegue la carta de la administración comunicando que ha habido una demora, el recargo será del 5%. Cuando la misiva ya está en manos del usuario, esta cantidad se eleva al 10% y al 20% si se incumple el nuevo plazo de pago de la deuda. En ese caso, advierten desde Hacienda, se efectuará el embargo de una cuenta corriente para cobrar el dinero que se adeuda.
Los responsables de los centros temen que a partir de ahora haya un éxodo de usuarios que tienen que abandonar estos servicios ya que no pueden pagarlos. Y es que cabe recordar que hasta el momento, la mayoría de centros de discapacitados se habían negado a aplicar el copago que el TSJ derogó el pasado otoño por un defecto de forma. La Generalitat lo reconvirtió entonces en una tasa que entró en vigor el pasado 1 de enero.
«Esta es una forma de torpedear y jorobar más a los discapacitados», lamentaba ayer Alfonso Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos Mentales (Feafes). Y es que, añade, «muchos de los usuarios sencillamente no pueden pagar y además no tienen autonomía suficiente para entender las consecuencias de un incumplimiento de estas tasas».
Esta semana ya han comenzado a llegar las cartas a los usuarios de los centros en las que se les comunica la cuantía que deben abonar mensualmente. Misivas que llegan con semanas de retraso y después de que la Generalitat exigiera a las familias la domiciliación de los abonos sin haberles comunicado aún la cantidad que debían pagar. Desde las asociaciones criticaban ayer que «algunas familias se han encontrado que ahora tienen que pagar más que antes por los servicios y que el abono se efectúa en 14 pagas frente a las 12 habituales», explicaba ayer Carlos Laguna, del Cermi.
El único aspecto positivo es que a partir de ahora, los discapacitado tendrán algo más de 200 euros para sus gastos mensuales frente a los poco más de 100 que había antes y que apenas les daba para afrontar el pago de medicinas, ropa, peluquería... Una concesión «completamente insuficiente y con la que la Generalitat ha intentado que nos conformemos», afirma Alfonso Rodríguez. Hoy está prevista una reunión de los abogados de las distintas asociaciones para consensuar los pasos a seguir para las familias que quieran recurrir esta nueva tasa. Por su parte, Joan Planells recuerda que el gobierno autonómico «no tiene competencia para regular esta tasa».
Por otro lado, prosigue la campaña de recogida de firmas que asociaciones de discapacitados han iniciado con el objetivo de plantear en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para solicitar un copago más ajustado a las posibilidades de las familias. Las entidades confían en reunir antes de verano el medio millón de firmas necesarias para sacar adelante esta iniciativa.
