La Conselleria de Bienestar Social deberá proporcionar a una niña de Valencia, reconocida como dependiente severa, el servicio de teleasistencia, y abonarle las prestaciones económicas y de dependencia (442,59 euros mensuales), así como los atrasos desde que solicitó la ayuda (febrero de 2011). Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, hecha pública ayer por el Defensor del Paciente, y que señala la «evidente inactividad» de una Administración que «debió conceder la prestación en un plazo máximo de tres meses». EFE
