El grupo La Española ha depositado el aval de casi 1 millón de euros que exigía la Generalitat Valenciana para la consumación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que prepara en la zona de La Canal, en Alcoy, con lo que ha cumplido con el penúltimo trámite necesario para lanzar la iniciativa económica e industrial. Ahora, la compañía está inmersa en la documentación que debe aportar al Ayuntamiento para conseguir la licencia de obras, sólo pendiente de que la Generalitat publique en el DOCV la aprobación de la ATE.
Mientras el mundo político sigue enzarzado en su debate, incluso en la vertiente judicial, La Española continúa dando pasos de cara a la consumación de su proyecto para Alcoy. De hecho, esta semana se ha dado probablemente el más importante de los que faltaba, al haber formalizado el depósito del aval de casi 1 millón de euros que reclamaba la Generalitat para la aprobación definitiva de la ATE. El lunes, según ha podido saber este diario de fuentes solventes, La Española firmó la documentación ante notario y el martes se depositó el aval ante la propia administración autonómica, con lo que la concesión de la ATE ya es un hecho.
En estos momentos, todo está a expensas de la publicación en el DOCV del decreto de la aprobación de la ATE para que tenga un carácter oficial y definitivo. Sin embargo, sin esperar a este trámite -que se considera puede ser inminente- el grupo industrial está trabajando en la preparación de la documentación que debe presentar al Ayuntamiento. Una vez oficial la ATE, La Española podrá tramitar ante el consistorio los permisos necesarios para empezar a trabajar, tales como el plan parcial, la reparcelación y, evidentemente, la licencia de obras.
Hay que significar que la propia declaración de la ATE ha provocado que la Generalitat haya asumido competencias del Ayuntamiento, al considerar que se trata de una iniciativa con interés «supramunicipal». Esta cuestión, precisamente, ha provocado que el gobierno de Alcoy haya presentado una demanda judicial ante el TSJ contra el Consell, al entender que se han vulnerado sus competencias.
En los últimos días, tras conocerse que el proyecto se había reactivado, se ha generado una notable polémica política en Alcoy, hasta el punto que el gobierno PSOE/EU se ha tambaleado. Al final, ambos grupos han mantenido su acuerdo, con el compromiso de continuar con los recursos judiciales, si el fallo del TSJ es contrario.
Mientras Compromís mantiene también una estricta oposición a esta iniciativa, el PP continúa con su respaldo incondicional, habiendo llegado a ofrecer al alcalde Antonio Francés su apoyo en el salón de plenos en caso de ruptura con EU, siempre, evidentemente, que otorgase su reconocimiento a la iniciativa empresarial. De momento, no obstante, el gobierno se mantiene en minoría, a la espera de acontecimientos.
