Las perspectivas de que a corto plazo sea oficial la aprobación del proyecto de La Española para la Canal, dejaron ayer al borde del abismo al gobierno minoritario PSOE/EU de Alcoy, que mantiene posturas discrepantes. El alcalde Antonio Francés indicó que no se opondrá si el Consell y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) lo ratifican, aunque confía en que el TSJ le dé la razón al Ayuntamiento y le permita decidir sobre la ubicación, mientras Paco Agulló, de EU, expresó su frontal oposición a la iniciativa, pidiendo un veto municipal a la tramitación y apostando por apoyar eventuales movilizaciones.

El TSJ aún tiene que pronunciarse sobre la demanda interpuesta por el Ayuntamiento contra la Generalitat Valenciana, en torno a la capacidad legal para decidir sobre el proyecto industrial de La Española para la zona de La Canal. Como se recordará, en la declaración como Actuación Territorial Estratégica (ATE), la Generalitat se atribuyó todas las competencias urbanísticas, lo cual le permitía tener la última palabra en materia de ubicación, lo que no hizo, por ejemplo, en el proyecto para el Valencia C. F. donde su consistorio si puede decidir.

Precisamente, el gobierno de Antonio Francés ha basado su recurso judicial en este agravio comparativo, que se sospecha tiene un «trasfondo político»: los «colores» de la Generalitat y el Ayuntamiento no son los mismos, lo que sí se da en Valencia.

En el seno del gobierno local, se confía en que antes de fin de año haya una decisión judicial y que, evidentemente, sea favorable. «Lo que reclamamos a la Justicia es que nos posibilite tener voz y voto en una decisión tan importante para el futuro de la ciudad. Reclamamos codecidir junto a la administración autonómica, respetando la autonomía local y el interés legítimo de todos los alcoyanos, especialmente cuando la conselleria ha contestado a todas las alegaciones, excepto a nosotros», indica el alcalde.

Francés, asimismo, ha indicado que en sus alegaciones el Ayuntamiento ha hecho hincapié en que «hay otras alternativas en el término municipal de Alcoy para reubicar la planta de La Española, como en el área de pagos», una postura que viene defendiendo el Ayuntamiento, pero que la empresa ha rechazado de plano, llegando a apuntar incluso con un eventual traslado a Sevilla, en el caso que no se llegue a consumar la operación.

No obstante, Francés deja claro que si la Generalitat y la CHJ han propuesto modificaciones y han sido aceptadas, todo apunta a que el proyecto es «viable. En este sentido, subraya que «estas dos entidades son las máximas autoridades en gestión de recursos hídricos y protección del medio ambiente, con lo cual si han dado su visto bueno es porque el proyecto, con las correcciones que ha realizado la empresa, es viable», apunta.

En último término, Antonio Francés hace hincapié en que desde que accedió al gobierno «hemos hecho todo lo posible por dar viabilidad a este proyecto, que entendemos es muy positivo, innovador y que garantiza la permanencia, consolidación y expansión del grupo empresarial La Española en nuestra ciudad, así como la atracción de nuevas empresas. Por ello, hemos dado alternativas de ubicación, pero si las autoridades competentes dan el visto bueno al proyecto en la Canal, nosotros no nos opondremos, aunque seguimos pensando que no es la mejor ubicación».

En EU, las cosas se ven de manera muy distinta y se considera la finalización de este proyecto como «la culminación administrativa de un atentado contra el territorio, el medio ambiente y, muy especialmente, el agua de nuestro pueblo. Para EU, además, un triunfo municipal en el contencioso «supondría la nulidad de todo el procedimiento administrativo», por lo que entiende «el Ayuntamiento no puede admitir ningún trámite hasta que no se haya resuelto todo el proceso judicial, atendiendo a que resultaría nulo y provocaría graves consecuencias, quién sabe si irreversibles».

La formación apuesta por la presentación de un nuevo recurso judicial y afirma que hará «todo lo que esté en nuestras manos para que se lleve a efecto el recurso». También considera que la aprobación definitiva «corresponde al Ayuntamiento» y anuncia que para «evitar este evidente atentado urbanístico y ecológico» desde EU se «dará apoyo a cualquier protesta y movilización ciudadana que pueda convocarse» en la ciudad.