La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela se ha comprometido a validar en junta de gobierno a lo largo del mes de febrero todas las solicitudes de licencia de obra tramitadas en los últimos meses a través del convenio suscrito desde agosto pasado con el Colegio de Arquitectos, según indicó ayer el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros y confirmó el concejal de Urbanismo José Aix (Ciudadanos).
La entidad reunió ayer a más de una veintena de empresas afectadas por el retraso en la tramitación de autorizaciones. Demora que en algunos casos suma hasta 29 meses cuando la legislación urbanística lo limita a dos meses y en el sector se asume como un plazo razonable entre «tres y cuatro meses». Un bloqueo que pone en peligro inversiones millonarias del sector de la promoción inmobiliaria, en especial de la segunda residencia en Orihuela Costa. La ausencia de licencia genera una cadena de bloqueos en la mayor parte de las gestiones entre promotores, financieras y clientes.
El compromiso para desatascar la situación se basa en cuatro medidas consensuadas entre Provia y el Ayuntamiento esta misma semana según indicaron ayer Jesualdo Ros (Provia) y el edil José Aix: sacar adelante las licencias de obra mayor acogidas al convenio durante el mes de febrero -en torno a cien licencias de obra mayor equivalentes a unas 800 viviendas-. Normalizar los plazos de aprobación de los más de doce meses actuales a «cuatro o cinco», no solo para las empresas que se sumen al convenio: «Tenemos que garantizar un plazo razonable también a las que piden una tramitación ordinaria», aclaró Aix ayer. Llevar a cabo una comunicación semanal sobre la tramitación de cada uno de los expedientes y cuáles se van a someter a aprobación de junta de gobierno. Y por último, «repensar» el convenio con el Colegio de Arquitectos para que cumpla la función con la que se concibió de agilizar la tramitación de licencias.
Además de comprometerse a aprobar esas licencias en las próximas convocatorias de cada martes de junta de gobierno, el concejal de Urbanismo y primer teniente alcalde José Aix (Ciudadanos) ha garantizado a los promotores que los plazos de supervisión y visto bueno en junta de gobierno se van a normalizar a plazos asumibles desde el próximo mes de junio. Algo que quiere lograr con refuerzo de personal e incentivos para los funcionarios que supervisan los expedientes. . Las empresas afectadas por este «tapón» en la concesión de licencias -un problema histórico del departamento de Urbanismo oriolano- son algunas de las que suman mayor volumen de facturación en el sector en la provincia y la Comunidad Valenciana. Bloqueo que se hizo muy evidente hace más de dos años y por el que el municipio fraguó el convenio con el Colegio de Arquitectos. La idea era que los promotores que se incluyeran en el convenio, que pagaran una sobrecoste de las tasas que ya se abonan para pedir la licencia: un 4% con respecto al presupuesto de ejecución al que se suma ahora un 0,4% más si se acogen al convenio. La teoría es que los expedientes estarían completos y solo requerían una supervisión meramente formal con un informe jurídico y otro técnico. Algo que aparece contemplado en la propia aprobación del convenio.
Por duplicado
El Colegio de Arquitectos ha cumplido con su cometido y ha resuelto muchas de las peticiones en el plazo fijado. Sin embargo, cuando los expedientes han llegado al Ayuntamiento el órgano de apoyo jurídico de la junta de gobierno obligó al alcalde Emilio Bascuñaba (PP) a retirar las licencias de obra mayor del orden del día: el criterio jurídico ha sido que esos expedientes no solo requieren una supervisión formal. También de fondo. De modo que los proyectos están siendo supervisados por duplicado: por parte del Colegio de Arquitectos y por los técnicos del Ayuntamiento, con lo que el convenio pierde su objetivo. Y en ese punto han vuelto a acumular un nuevo retraso.
Ante la falta de respuesta municipal Provia llegó a plantear hace una semana a los promotores afectados la posibilidad de demandar al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial. Iniciativa que se aparca, de momento, con el nuevo compromiso de la administración local de resolver la situación.
