En Orihuela Costa esperan licencia de obra 1.300 viviendas. La mitad ya terminadas. El resto en construcción. Algunas solicitudes suman una demora de 22 meses. Esta autorización administrativa competencia del Ayuntamiento es un requisito indispensable para que los promotores obtengan crédito, soliciten avales para los clientes, obtengan el final de obra, registren la vivienda y cuenten con licencia de primera ocupación -que certifica que la vivienda se ha construido acorde con el proyecto presentado por el promotor-.
Sin la licencia de obra ya no solo peligra la financiación para los constructores y los clientes -al final, con esta coyuntura, construye quien logra recursos propios-, también peligra la comercialización final. Antes de la crisis inmobiliaria era un requisito técnico. Ahora, tras varias resoluciones judiciales, es una exigencia que garantiza a los distintos agentes que intervienen en el sector de que las promociones van a salir adelante.
Esta situación de parálisis y retraso ha llevado a las principales empresas operadoras del sector de la construcción en el litoral oriolano a exigir explicaciones al Ayuntamiento de Orihuela.
Representantes de TM Grupo Inmobiliario, Trivee y Marjal, entre otras empresas urbanizadoras, junto con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante, Provia, reclamaron en una reunión al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP) y el concejal del área de Urbanismo, Rafael Almagro que ponga los medios necesarios para reducir una demora que está provocando, en algunos casos, serios problemas a los constructores, que han cumplido sus compromisos con sus clientes pero carecen del requisito administrativo El Ayuntamiento ha vuelto a alegar que carece de personal suficiente y que las limitaciones de la ley de sostenibilidad impiden contratar a más técnicos.
La última firma
El departamento de Urbanismo cuenta con tres arquitectos que supervisan los proyectos y una jefa arquitecta del departamento que es quien rubrica todas las solicitudes. La firma final en la que se expresan los decretos de concesión de licencias es del alcalde. El retraso oscila entre los 12 y los 22 meses, incluso en las zonas más exclusivas del desarrollo residencial oriolano como Colinas Golf.
Según el secretario de Provia, Jesualdo Ros, «Orihuela tiene el dudoso honor de acumular el mayor retraso de la provincia de Alicante y lo más probable que de toda la Comunidad Valenciana». La media de ciudades dedicadas al turismo residencial, como los municipios vecinos como Torrevieja -donde en estos momentos se construye al mismo ritmo que en Orihuela-, Pilar de la Horadada o Guardamar es de cuatro meses. «Responsables técnicos y políticos tienen que reflexionar sobre por qué son el municipio con más retraso. Es algo muy dañino para la propia actividad, en generación de empleo y riqueza. Y cuestión hasta de imagen cara al comprador extranjero. Es incomprensible que puedas estar 20 meses para obtener una licencia de obra. Es incomprensible», indicó Ros a preguntas de INFORMACIÓN.
Provia recuerda que una promoción «todo es cuantificable y programable» menos la licencia de obra «cuando entras al Ayuntamiento de Orihuela y para eso tiene que haber una solución porque es una situación de riesgo para los compradores y promotores que no es normal en un país civilizado».
Está en la ley
Provia ha propuesto al Ayuntamiento que acepte externalizar el procedimiento de tramitación de licencias a través de Organismo de Control Autorizado (OCA) y de los Colegios Profesionales, algo que ya permite la legislación urbanística valenciana a través de una modificación de la LOTUP e implantado en otros sectores como el de Actividades.
Ros indicó que se trata de una alternativa con todas las garantías abordadas por equipos multidisciplinares de arquitectos e ingenieros, «con una capacidad económica y técnica muy importantes y seguros de responsabilidad civil potentes» para emitir los certificados que indiquen que los proyectos cumplen cada uno de los parámetros exigibles «en apenas tres o cuatro semanas». La certificación solo requeriría una supervisión final de los técnicos municipales.
Los técnicos del área de Urbanismo de Orihuela y sus servicios jurídicos, según fuentes de las empresas afectadas, no son especialmente receptivos a la externalización porque hacen su propia interpretación del cambio legal, en especial a la hora de indicar que solo permite supuestamente, según su criterio, delegar la tramitación de licencias menores.
Los promotores se muestran especialmente contrariados porque el Ayuntamiento exige el pago del coste de las licencias de obra mayor en el momento de la solicitud, con el criterio de que la tasa se ajusta al coste que va a suponer la prestación del servicio público al Ayuntamiento esa gestión.
«El primero que gana es el Ayuntamiento y es el primero que no cumple con los solicitantes», señalan fuentes de uno de los promotores presentes en el encuentro. «Hay empresas que tienen recursos de sobra, pero otras hacen malabares para cubrir la financiación», remarcaron.
Los constructores advierten que las inmobiliarias está derivando su interés donde es más fácil adquirir viviendas con licencia de obra como es el caso de Pilar de la Horadada, Benidorm y El Campello o, ya en Murcia, en San Pedro del Pinatar o San Javier. Los promotores piden al municipio que aplique medidas urgentes mientras los técnicos se deciden con la externalización de las licencias, aunque la legislación señala con claridad que ya se puede externalizar. La situación de retraso es tan acusada que una decisión desde punto de vista urbanístico que no debería ser la habitual como comenzar una obra sin la licencia de obra es valorada como un mal menor por los promotores. Pese a que se exponen a la apertura de un expediente de infracción que se suele resolver con sanciones económicas, en caso de que el Ayuntamiento de Orihuela tenga medios para poder hacer cumplir la normativa urbanística.
Ingresos seguros
El Ayuntamiento de Orihuela se situó en tercer lugar por volumen de actividad constructora e 2018, solo por detrás de la ciudad de Alicante y Torrevieja, aunque con un balance que todavía se situa en un 30% del nivel de actividad previo a la crisis. El municipio ingresó el año pasado más de cuatro millones de euros entre impuestos de construcción y obras y tasas por licencias. Además, la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), generado en su mayor parte por el desarrollo residencial en la costa, supuso para las arcas municipales otros 28 millones de euros, a los que hay sumar otros dos millones por plusvalías, derivado de la actividad de compra y venta de inmuebles. Esos 34 millones de euros suponen el 40% del capítulo de ingresos totales del municipio en el presupuesto de 2018.
