La Sección Séptima de la Audiencia Provincial ha condenado a seis meses de prisión a un acusado de roturar una parcela de 10 hectáreas en la pedanía oriolana de Torremendo, en una zona clasificado como «suelo no urbanizable protegido de interés paisajístico», saltándose incluso hasta tres decretos de paralización de los trabajos efectuados por el Ayuntamiento de Orihuela. La Fiscalía pedía para el acusado cinco años de prisión por un delito contra el medio ambiente, pero se ha llegado a un acuerdo de conformidad por el que se ha rebajado la condena a solo medio año debido a que ya han pasado más de 13 años y a que el implicado se ha comprometido a restaurar la zona afectada como parte de la responsabilidad civil.
Los trabajos para devolver la zona a su estado original están valorados en cerca de tres millones de euros, según el escrito de calificación del Ministerio Público, y se deberán ejecutar siguiendo las indicaciones de la Conselleria de Medio Ambiente. De no ejecutarse, y pese a que la pena es inferior a los dos años de cárcel, el acusado sí deberá entrar en prisión.
El juzgado ha remitido ahora el acuerdo a la Conselleria de Medio Ambiente para que establezca ese plan de reposición. Según la acusación pública, la roturación del terreno había provocado «la nivelación de varios cabezos con destrucción de cuatro barrancos que encauzaban las aguas procedentes de la Sierra del Cristo hacia la Rambla de la Alcorisa, la destrucción de especies vegetales de monte bajo y especies arbóreas».
Los movimientos de tierra también provocaron «la destrucción total o parcial de los lugares de reproducción, alimentación y descanso de ciertas especies de animales, especialmente de reptiles y anfibios pero también algún mamífero», como el erizo moruno. Estas especies «son vulnerables y están catalogadas como de Interés Especial el RD por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas».
Además de proceder a la devolución del terreno a su espacio original, el propietario deberá pagar una multa de 12 euros diarios durante cuatro meses, lo que supone un total de 1.440 euros.
Desde la Fiscalía valoraron positivamente este acuerdo de conformidad, que buscan que se convierta en referente ya que «al final, lo que importa es que se cumpla con la responsabilidad civil y el terreno vuelva a su estado original, el pro del medio ambiente», señalaron fuentes del Ministerio Público en Elche.
Cultivar
Las roturaciones del terreno en localidades como Orihuela, San Miguel de Salinas o Torrevieja se han incrementado en los últimos años con el fin de cultivar la sierra o tratar de explotar la tierra económicamente. Estas prácticas han desatado multitud de intervenciones del Seprona, y han supuesto un arduo trabajo de denuncia pública y en los tribunales tanto por parte de ecologistas como de las administraciones públicas.
Debido a la inmensidad de las parcelas, en muchas ocasiones es muy difícil detectarlas, señalan fuentes judiciales. En otras, como este caso, los propietarios desoyen las prohibiciones de continuar con los trabajos. La tardanza de la Audiencia en resolver los delitos ambientales también origina que, en muchas ocasiones, estos actos queden impunes.
