La Fiscalía ha pedido cinco años de prisión y una multa cercana a los tres millones de euros por delito medioambiental para un vecino de Orihuela que en la partida de Torremendo hizo labores de roturación en una superficie de diez hectáreas de suelo protegido, según confirmaron fuentes del ministerio público. Los trabajos se hicieron sin ninguna autorización por un particular en su finca y pese a los expedientes de paralización de obras dictados por el Ayuntamiento de Orihuela y el Seprona de la Guardia Civil. El fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza, pide además otra pena de multa de 3.600 euros más por el presunto delito ecológico.

Los trabajos de preparación del terreno para la labranza causaron destrozos en el cauce de cuatro barrancos que canalizaban aguas pluviales, así como numerosos destrozos en la flora y la fauna en una zona de terreno forestal, considerado de interés paisajístico y protegido por la directiva europea Hábitat.

Fuentes cercanas al caso precisaron que un informe del Seprona indica que las tierras todavía no estaban siendo utilizadas para el cultivo y que con los trabajos de roturación se buscaba crear una política de hechos consumados que obligaran a destinar el suelo a usos agrícolas. El Ayuntamiento oriolano llegó a dictar hasta tres expedientes para paralizar los trabajos a los que no se hizo ningún caso, y el propietario se negó a declarar cuando fue citado por el juzgado de Instrucción número cinco de Orihuela en la investigación por estos hechos, y por los que es el único imputado. El fiscal ha remitido su escrito de acusación al juzgado para la apertura de juicio oral.