Las aguas bajan turbias en Callosa de Segura. La guerra dialéctica se acrecenta entre el exalcalde Javier Pérez y el tripartito callosino, principalmente con Esquerra Unida, por diversos motivos. Pérez se muestra muy molesto tras desvelarse que presentó en el juzgado un escrito para certificar que la empresa que gestiona el centro de día del municipio fue exonerada del pago del canon durante 10 años tras haber realizado una serie de obras complementarias que supusieron más coste que el pago del mismo y que no estaban contempladas en el proyecto inicial. El edil de Servicios, Rubén Manresa (EU), cuyo partido ha interpuesto varias denuncias en la Fiscalía Anticorrupción por la gestión del que fuera alcalde del PP, censuró que éste «perdonara» ese dinero a la empresa y, de hecho, el actual gobierno reclama a la mercantil algo más de 150.000 euros por ese concepto.
Pérez, tras el cruce de acusaciones de la pasada semana, ha presentado por registro en el Ayuntamiento un escrito, asesorado por sus abogados, en el que niega que fuera él mismo el que liberara y exonerara a la Asociación Domus de la obligación de pago, sino que fue un acuerdo del Ayuntamiento y acusa de «mala intención» al gobierno local «porque las responsabilidades pertenecen a otros funcionarios u órganos colegiados del propio Ayuntamiento».
En este sentido, el exregidor acusa al ejecutivo local (PSOE, EU y Somos Callosa) de «echar mierda sobre el anterior equipo de gobierno y, sobre todo, al exalcalde que suscribe» y critica que el tripartito no quiera aclarar el asunto. «Lo que deberían hacer es peritar y evaluar las obras realizadas fuera de proyecto y comparar el importe de las mismas con la cantidad de canon estipulada en el escrito suscrito con la empresa concesionaria», señala. Y dice que el gobierno local «no pretende ser justo, pretende aprovecharse de las obras de manera torticera (enriquecimiento injusto)».
Tampoco deja fuera de sus críticas a la secretaria del consistorio quien la pasada semana señaló que no existía ningún acuerdo municipal en el Ayuntamiento que exima a Domus del pago del canon. Algo que ha sentado muy mal a Javier Pérez que indica que «o existe acuerdo o, de lo contrario, la Interventora accidental ha cometido una flagrante dejación de funciones». Y asegura que no es la primera vez que «desaparecen» documentos del anterior mandato y cita la contratación del aire acondicionado en el Mercado de Abastos (aportado en la Fiscalía, finalmente, por un edil y cuya causa le fue archivada) o el expediente de la Red Wifi en la que no aparecieron, hasta tiempo después, los informes firmados por la secretaria y la interventora, afirma.
Denuncia
Pérez también arremete contra el edil de Servicios y Hacienda, Rubén Manresa a quien ha interpuesto una denuncia en la que le reclama 12.000 euros como indemnización por afirmar en un pleno que está «manchado de corrupción» y que «por eso lo expulsaron del PP». El exregidor alega haber sufrido una crisis de ansiedad a raíz de estas declaraciones y requerir tratamiento médico para combatir el insomnio.
Estas afirmaciones tuvieron lugar en el pleno de septiembre de 2017, mientras se debatía la petición de Javier Pérez para que fuera el Ayuntamiento el que se hiciera cargo, por adelantado, del pago de sus abogados en los diferentes casos judiciales que mantiene abiertos a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Según se desprende de la documentación aportada por el exalcalde al juzgado, durante la citada intervención, el concejal de Esquerra Unida afirmó que «Javier Pérez está condenado por corrupción, lo acusa el fiscal anticorrupción, cuya función es perseguir delitos de corrupción», del mismo modo añade que «el delito de negociaciones prohibidas aparece en el código penal en el capítulo de los delitos por corrupción».
El edil Manresa resta importancia al asunto al considerar que «solo es un acto más dentro de la campaña de acoso y derribo que este señor lleva contra mi persona». Precisamente, las concejalías dirigidas por Rubén Manresa han impulsado diferentes denuncias ante Fiscalía, que a día de hoy están siendo investigadas por la justicia. Dichas causas, entre las que se incluye la adjudicación de la red wifi a la empresa de su hermano, ya cuentan con más de una docena de imputados, entre cargos políticos y funcionarios, siendo ya el caso más importante de corrupción investigado en esta localidad, recuerda el edil de EU.
Ambas partes se ratificaron en su planteamiento inicial en el acto de conciliación previo celebrado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela, por lo que la causa será decidida en juicio.
