El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha aportado al juzgado de lo contencioso administrativo que instruye la demanda presentada por la empresa que gestiona el centro de día municipal en contra del acuerdo del Ayuntamiento de reclamarle más de 150.000 euros por el canon impagado durante 10 años, un certificado emitido por la Secretaria municipal en el que niega que se aprobara un acuerdo siendo regidor Javier Pérez para exonerar del pago del canon a la mercantil, como asegura el exalcalde callosino, según señalaron fuentes municipales a INFORMACIÓN.

La fedataria municipal, que ya era Interventora cuando supuestamente se alcanzó ese acuerdo en 2005, certifica que «según los datos obrantes en los negociados de esta Secretaría a mi cargo, en este Ayuntamiento no existe, ni ha existido, documentación, expediente o acuerdo alguno adoptado por el órgano de contratación en los que la secretaria que suscribe pueda dar fe de su validez, donde se exima a DOMUS (Centro de Discapacitados), perteneciente al Grupo del Castillo, de ninguna de las obligaciones recogidas en el contrato suscrito el 10 de Noviembre de 2005, en el PCAP ni en el propio proyecto de gestión ofertado por la mercantil». De esta manera rechaza la argumentación del exalcalde respecto a la mercantil gestora del centro de día al asegurar que fue la junta de gobierno la que adoptó ese acuerdo. Pérez Trigueros firmó hace unos días ante la empresa un documento en el que afirmaba que existía un acuerdo para exonerarla del pago del canon.

El edil de Hacienda, Rubén Manresa (EU), recuerda que «dicho acuerdo no ha sido aportado ni alegado por la empresa en ningún momento anterior del procedimiento y que ningún otro miembro del PP alegó haber participado en esa junta de gobierno en las sesiones de pleno en las que se acordó la sanción a la mercantil». Dicho acuerdo, según Pérez, fue informado por los técnicos municipales, «pero lo cierto es que son los propios técnicos responsables del área los que alertaron al actual equipo de gobierno de los incumplimientos de la mercantil concesionaria», indicó Manresa.

A este respecto, la Secretaria en su certificado dice que «esos datos y pactos en las fechas señaladas por el señor Trigueros en su escrito de manifestaciones, para que fueran válidos, debieron suscribirse en el Ayuntamiento, ante la Secretaria, y no siendo el Alcalde el órgano de contratación, ni siendo competente para llegar a este tipo de acuerdos al margen de los procedimientos establecidos por la ley». Manresa señaló que «resulta inaceptable que se perdonasen pagos a las grandes empresas de fuera, mientras las de aquí no cobraban ni las facturas».