El exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, y el que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento, el exedil Paco Rodríguez, han sido citados a declarar en calidad de investigados (imputados) por la adjudicación de un contrato de 90.000 euros para disponer una red wifi en el municipio. Ocurrió en el año 2010 y el trabajo se encargó a una empresa participada por un hermano del exregidor. La Fiscalía Anticorrupción presentó hace unos meses una denuncia por estos hechos al encontrar indicios de delitos de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. El magistrado del juzgado de instrucción Número tres de Orihuela los ha llamado ahora para ser interrogados.
La ronda de declaraciones se iniciará en febrero. Por el juzgado pasará el exalcalde como responsable último del Ayuntamiento que eligió tramitar este contrato mediante un procedimiento negociado sin publicidad y por vía de urgencia.
Para ello se seleccionó a tres empresas. Fue el propio Javier Pérez quien cursó la invitación para que tomara parte en el procedimiento la empresa participada por su hermano, Análisis y Control de Redes privadas S.L. También él tendrá que prestar declaración.
Por su parte, Paco Rodríguez comparecerá ante el juez porque en aquel entonces era el presidente de la Mesa de Contratación del consistorio. Según el auto judicial, de la investigación inicial se desprende que hubo supuestos indicios delictivos en su conducta.
A declarar han sido llamados igualmente tres técnicos. Dos de ellos suscribieron un informe que proponía la adjudicación a favor de la mencionada empresa. El tercero redactó otro informe realizando una interpretación del plan viable de las obras que decidió la adjudicación a favor de la mercantil participada por el familiar del entonces regidor.
Legalidad
Fue el actual gobierno tripartito (PSOE, IU y Somos) quien presentó toda la documentación sobre este asunto en la Fiscalía. Tras su análisis, el Ministerio Público puso en duda la legalidad de todo el trámite de adjudicación, desde la convocatoria hasta la baremación, y también los informes suscritos que recomendaban contratar a la empresa del familiar de Pérez. En su denuncia, el fiscal fue más allá y sostuvo que podría existir una relación económica entre la empresa que realizó el trabajo y otra mercantil vinculada al exalcalde, por lo que pidió indagar si éste obtuvo algún tipo de lucro.
Para la Fiscalía, Javier Pérez «debía de abstenerse de participar en el procedimiento» y sin embargo «su participación fue totalmente activa en la tramitación del expediente de contratación firmando actas de recepción, solicitando dictámenes y asistiendo, presidiendo y ejerciendo su derecho a voto en todas las juntas de gobierno» relativas a este asunto. El fiscal pidió asimismo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que investigara los hechos y defendió que «existe una clara relación económica entre la entidad Procanper SL, en la que tenía claros intereses patrimoniales Pérez, con la compañía ANCO SL, por lo que cualquier beneficio que ésta pudiera obtener como consecuencia de una adjudicación contractual beneficiaría directamente a Procanper y a Javier Pérez».
Pérez y Rodríguez están hoy retirados del primer plano de la política. El primero fue expulsado del Partido Popular tras ser inhabilitado por un delito de negociaciones prohibidas. El segundo intentó este año recuperar el control del partido presentándose como candidato a la presidencia local del PP, pero perdió frente a Manuel Illán.
