En marzo de 2017 la interventora municipal emitió, a petición del alcalde, un informe en el que ofrecía las claves para regularizar la percepción del complemento de productividad de la plantilla municipal. Esas recomendaciones no se cumplieron. En agosto pasado, el pago de la nómina se retrasó varios días y se excluyó el importe de la productividad por primera vez desde 1987. Los funcionarios han anunciado medidas judiciales contra el Ayuntamiento, también de carácter penal en el caso de la propuesta de algunos sindicatos. Y han alentado la propuesta de una moción de censura del PP para desalojar al equipo de gobierno en minoría que sigue coleando.
José Manuel Dolón (Los Verdes) solicitó a la interventora municipal a principios de 2017 que informara sobre cómo se podía regularizar la percepción del complemento de productividad en el Ayuntamiento. El primer edil,en su solicitud, recordaba que las nóminas se emitían con una advertencia de legalidad mes a mes por parte de la propia área de Intervención porque todos los funcionarios percibían entre 150 y 300 euros mensuales en el sueldo sin respetar ninguna de las consideraciones legales que regulan este complemento, recogidas en una ley de rango estatal desde 1984.
El complemento de productividad retribuye el «especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con el que el funcionario desempeñe su trabajo», recuerda el mismo documento. La práctica totalidad de la plantilla de 772 trabajadores municipales cobraba productividad hasta julio sin que exista una planificación previa de los objetivos a alcanzar por los funcionarios y una evaluación posterior de sus resultados.
La interventora Mari Carmen Corral respondía en su informe al alcalde que el Ayuntamiento necesitaba poner en marcha un sistema de supervisión para asignar objetivos a cada unidad administrativa, con lo que la retribución de ese complemento dependería de la consecución de esos objetivos en horario de trabajo «habitual». Subrayaba, también, que la definición de esas normas para valorar la productividad debían además ser pactada en la mesa de negociación colectiva con los sindicatos.
Además, recordaba que debían cumplirse los criterios de aplicación y valoración recogidos en distintas sentencias en los últimos años -la funcionaria cita, entre otras, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de enero de 2006: «No es un complemento consolidable, su percepción no tiene por qué ser periódica, y no produce una desigualdad que se retribuya de forma diferente a funcionarios que desarrollen puestos de trabajo diferentes».
También requiere ese ingreso extra una actividad administrativa que «culmina con un acto de valoración individualizado para cada funcionario, que determina a recibir el complemento y su cuantía». Sin embargo, en el Consistorio, y desde hace tres décadas, la percepción de ese complemento ha funcionado más como un ingreso extra que permite a los trabajadores completar su sueldo, en especial para los del grupos D y E.
Criterios
Desde el pasado mes de abril, con la entrada en vigor de una legislación estatal que confiere mayores competencias de fiscalización a los interventores, este área municipal decidió que la advertencia de legalidad que realizaba a las nóminas debía convertirse en un informe de reparo suspensivo al no cumplirse esos criterios. Es decir, que la productividad no podía pagarse. Los sindicatos han puesto sobre la mesa varias sentencias judiciales a favor de trabajadores municipales, acatadas por el Ayuntamiento, en las que se consolida el complemento -por el mero hecho de que todos los funcionarios lo cobran-, más allá de que su sentido como tal, el de incentivar a quienes trabajen más y mejor, está totalmente desvirtuado.
Fuentes de la junta personal indicaron ayer a este diario que el primer edil no ha llegado a plantear poner en marcha estas medidas en las «tres o cuatro» mesas de negociación anuales que ha convocado en el último año y medio. Los esfuerzos del primer edil se han centrado en aprobar un nuevo convenio colectivo - el vigente tiene 16 años-, que tampoco ha podido salir adelante. Las mismas fuentes indicaron que desde hace años todos los sindicatos con representación en ese junta, en especial CC OO y Sipol, han reclamado la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo en la que se incorporara el control de la productividad para evitar las advertencias de legalidad.Son los sindicatos los que no quieren
Fuentes del equipo de gobierno matizan, sin embargo, que son los sindicatos los que no están dispuestos en ningún caso a negociar cualquier merma en la productividad, algo que se derivaría de su regularización. La junta personal, según las mismas fuentes, esgrime las sentencias para que la "situación se quede como está, con todos los empleados cobrando mensualmente una cantidad fija sin cumplir el criterio por el que deberían conceder".
