Seis aulas, algunos pasillos, la conserjería y varios aseos de uno de los pabellones del Colegio Público Inmaculada de Torrevieja están apuntalados desde el pasado mes de octubre. Aunque ni el Ayuntamiento de Torrevieja ni la Generalitat llegaron a informar sobre esta intervención. Las familias de este veterano centro educativo torrevejense rechazaron que unos cien desus 500 alumnos matriculados fueran trasladados provisionalmente al Colegio Habaneras este curso por los problemas de deterioro que presentaban parte de sus instalaciones. Pese a que tras una visita al centro el curso pasado la directora Territorial de Educación, Tudi Torró, afirmara que esas aulas, aunque no presentaban peligro estructural, no estaban en condiciones de albergar clases.

La Asociación de Padres consideró sin embargo que acceder a ese traslado suponía el principio del fin para este centro levantado en 1968, y que junto a los colegios Cuba y Acequión es de los pocos que están ubicados en el casco urbano de Torrevieja. Su argumento no esconde el temor de que el resto del alumnado pudiera ser distribuido en los próximos cursos en las vacantes de otros centros, y que la Generalitat se olvidara del proyecto para construir un nuevo centro sobre la actual parcela forzando la desaparición de este colegio, tal y como ocurrió en el caso del Ciudad de Oviedo.

Para poder asumir la falta de espacio que supone ese apuntalamiento -las zonas apuntaladas no se utilizan- el colegio, que solo dispone de 6.000 metros cuadrados de parcela, ha tenido que hacer malabares. La conserjería está en un hueco de escalera compartiendo espacio con el material de limpieza. El salón de actos se ha convertido en dos aulas, separadas por una pared de pladur. La biblioteca ha desaparecido para albergar una clase, mientras que para los docentes se ha adaptado el aula de informática con lo que el colegio no cuenta ya ni con aula de informática ni con biblioteca. El gasto en el apuntalamiento ha superado los diez mil euros, y según los padres sale del presupuesto del centro, que paga la Generalitat. Aunque el mantenimiento general es cosa del municipio.

La comunidad escolar del Inmaculada lleva muchos años esperando una intervención en profundidad. El primer proyecto data de 2007. Los técnicos incluso se plantean derribar todos los edificios y construir una infraestructura de nueva planta en la parcela diáfana. El apuntalamiento, no obstante, es preventivo.

Generalitat y Ayuntamiento recuerdan que la permanencia en el centro de esos cien alumnos y la convivencia de alumnos y profesores con una zona apuntalada fue una decisión de las familias. Aunque se dieron garantías de que el traslado -alumnos de sexto y quinto- no supondría separar a hermanos del mismo centro o problemas de transporte y comedor.