La jueza Rosa María Villegas sostiene en el auto con el que concluye las previas 851/2007 que el empresario Ángel Fenoll, un hombre que dice no saber escribir ni casi leer, diseñó «una estrategia para retrasar el concurso (de adjudicación de las basuras de Orihuela) utilizando las grabaciones que había realizado de personalidades del ámbito de la política local de Orihuela para presionarlos y conseguir la adjudicación o, al menos, la declaración de desierto y así mantener la situación anterior, en beneficio propio», algo que podría simplificarse quizá con una palabra: corrupción. La jueza, que es una recién llegada y este su primer destino encargado por el TSJ para ponerle fin al asunto después de que ningún magistrado lo quisiera, se juega su prestigio, como también la Fiscalía y, quizá los propios juzgados de Orihuela, la ciudad de España que investiga más casos de corrupción (40), porque una cosa es que los hechos estén tan claros y crudos como ella los cuenta y otra muy distinta que al final haya condenas. Hace años que las defensas se frotan las manos en lo que aseguran será un fracaso judicial y no por el fondo sino por las formas, las nulidades y los tiempos.
De hecho, casi un año tardó el fiscal Briones desde aquella grabación hecha pública el 22 de marzo de 2006 en practicar las diligencias indagatorias y solicitar al decanato su reparto, dado el 4 de abril de 2007, para la investigación de 8 delitos: extorsión, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, amenazas, delito electoral y recibimiento de información privilegiada, «entre otros», decía. El Ministerio Público quería llegar al fondo de aquel concurso convocado en 2005, bajo el mandato de José Manuel Medina (PP) y que tras destapar Fenoll que había sobornos se paralizó y fue anulado en 2007 por Mónica Lorente (PP). Un mes después, el 12 de abril, el juzgado acordó el secreto de actuaciones y las primeras escuchas en una situación que se prorrogaría hasta el 2 de septiembre de 2010, cuando se levantó el secreto, y 45 personas supieron que habían sido espiadas por la Policía merced a 112 autorizaciones dadas por distintos jueces durante tres años.
Así, el Brugal fue creciendo como hidra porque se tuvo acceso a teléfonos de políticos y de empresarios que no sólo hablaban de las basuras de Orihuela sino de otros negocios y el 2 de septiembre se destapó que el juzgado investigaba ya hasta 18 asuntos, casi todas por supuesta corrupción y algunos, incluso, con más enjundia: el Plan Zonal de la Vega, el PGOU de Alicante, las basuras de Calp, la financiación del PSOE en Murcia, la revelación de secretos en la Agencia Tributaria, la Financiación de la Fundación del Hércules o las irregularidades en Proyectos Temáticos. También supuestos sobornos en los contratos de las basuras de seis municipios de la Vega (Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar, Jacarilla y Callosa de Segura) y, todo, nacido de una grabación manipulada y recortada por el empresario -así lo ha declarado- para facilitar a los medios su labor.
Caminos
Esas 18 causas han seguido caminos muy distintos, algunas se han archivado y otras siguen su curso, pero el miércoles la jueza notificó a los imputados por las basuras oriolanas que la investigación origen de todas las demás había acabado y había encontrado indicios para seguir las actuaciones contra 35 de ellos; al resto (10), les archivaba y es curioso porque alguno llegó a ser detenido. Lo que aquí contamos es un resumen de ese auto que ha colocado a Fenoll y a los dos exalcaldes citados como cabezas visibles de una trama que se asienta en indicios, pero no en pruebas; en sospechas, pero no en evidencias porque son las escuchas las que dan sentido a todo. De hecho, la jueza llega también a la conclusión de que Fenoll dirigía un «entramado delictivo para, auxiliado de cintas grabadas por él, imponer su voluntad en autoridades políticas tanto en la adjudicación de contratos públicos (como en) la elaboración de listas de candidatos para los grupos políticos PP, PSOE y CL para presentarse a las municipales participando activamente en la campaña electoral».
El auto sostiene que Fenoll se apoyó en Ferrández, la «víctima» de aquella primera grabación y en el portavoz del PSOE, Francisco García Ortuño (quien antes fue alcalde de Orihuela), no sólo para paralizar ese concurso sino para dilatarlo porque él era beneficiario de otros contratos públicos que se podrían ir al traste. El más curioso era de 1993, firmado con el entonces alcalde Luis Fernando Cartagena con «carácter provisional y por razones de emergencia» que seguía vigente al cabo de 14 años.
En 2006, Medina, como regidor, y Lorente, como portavoz, tuvieron para la jueza un papel decisorio en aquella «dilatación injustificada del concurso (realizada) a sabiendas de su ilegalidad, retrasando maliciosamente el concurso hasta su declaración de desierto», lo que ocurrió el 9 de noviembre de 2007 cuando ya el primero había desaparecido de la política y la segunda era la alcaldesa. La instructora explica cómo los políticos imputados retrasaron esa adjudicación 21 meses a base de informes externos que le costaron a las arcas públicas más de 90.000 euros y todo, sostiene, en beneficio de Fenoll. La jueza imputa a Medina también por una grabación incautada en un registro en el domicilio del empresario en la cual se ve a uno de sus entonces concejales recibir 7 millones de pesetas destinados, declaró éste, a pagarle un letrado. A Medina, sostiene, no lo compró con las basuras: «No se acreditan las dádivas (pero) sí los siete millones de pesetas» por esa grabación, aunque él lo ha negado. Y deja caer sus sospechas en que precisamente el miedo a que el empresario difundieran esa y otras cintas es lo que llevó a Medina a olvidarse de resolver ese contrato; de hecho, según el auto, el objeto de Fenoll era «terminar con la carrera política del alcalde».
Indemnización
Pero la investigación no se queda en cómo ese contrato que ganó Urbaser se anuló (la empresa está pendiente ahora de ser indemnizada tras una sentencia que declara que el acuerdo de pleno fue nulo porque los informes de los técnicos decían que tenía que ser el ganador) sino en la trama que siguió para que la nueva adjudicación sí fuera a parar a sus manos y apoya que Lorente le ayudó y lo apoya en tres indicios básicos. Uno es que éste sufragó parte de la campaña electoral; de hecho, dice que el día de las elecciones el hijo de Fenoll y uno de los hombres de la lista de Lorente repartieron votos en La Murada entre los indecisos. Otro es que entre las trece imputados que la jueza coloca dentro del entramado del empresario está el hermano de Lorente y lo coloca en un grado tan de empatía con sus ediles que permitieron a Fenoll, incluso, modificar cláusulas del que iba a ser el concurso antes de ser público y ella debía conocerlo. Y el tercero es comprobar cómo Lorente liquidó en los tres meses siguientes a llegar a la Alcaldía las deudas de Medina con Fenoll: 2 millones con los reproches de la intervención. ¿Qué recibió ella a cambio? La jueza entiende que la Alcaldía, pero el que gobernaba, al menos hasta para adjudicar ese concurso, era el empresario.
Pero lo que parece más curioso de la historia es que Fenoll no se adjudicó el nuevo contrato con Colsur, que también participó, sino con la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, sostiene la jueza que creada por él por y para este objeto y montada a través de «hombres de paja» para dar visos de legalidad a todo. El 30 de septiembre de 2008 se aprobó el nuevo concurso en un pleno presidido por Lorente «a sabiendas de la ilegalidad, teniendo pleno conocimiento de la doble presentación por Colsur al concurso (y) a pesar de estar legalmente prohibido». La UTE cobraría 9,4 millones de euros a partir de 2009. Tres años antes, Urbaser se lo habría adjudicado por 8,4, curiosamente Colsur pujó y perdió ese contrato cuando estaba dispuesto a cobrar sólo 7,1 millones. Una semana antes que la UTE asumiera el control de las basuras, el Ayuntamiento liquidó con las empresas de Fenoll en la costa. Sólo en el anterior cuatrienio percibió 18 millones de euros por un contrato del que había disfrutado durante años de forma provisional.
