La Fiscalía ha pedido más de 25 años de cárcel al hombre acusado de matar de 68 puñaladas a la hija de su vecina el pasado 28 de marzo, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. El fiscal considera a Raúl M. T., de 41 años, es autor de un delito de asesinato con alevosía y con ensañamiento, al valorar que el procesado aumentó deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima sin que ésta tuviera posibilidad de defenderse. Aunque en el escrito de acusación se admite que el procesado tiene un trastorno de personalidad, el acusador público concluye que éste era consciente de lo que hacía y, por lo tanto, es imputable por este crimen.

La instrucción judicial por este asesinato que conmocionó a la ciudad está a punto de ser enviada a la Audiencia Provincial para que sea juzgada por un jurado popular. En total, le reclaman 25 años de cárcel por el asesinato y otros 18 meses de prisión más por un delito de amenazas. Al padre del acusado también se le reclaman otros 18 meses de cárcel por haber amenazado a la madre de la víctima mientras estaba en el portal con la Policía en los momentos posteriores al sangriento suceso.

África Elena Moreno, administrativa en el Hospital General de Alicante de 58 años, encontró la muerte el 28 de marzo cuando fue a recoger a su madre a casa de ésta para irse a celebrar su 92 cumpleaños. Según el escrito de acusacion del fiscal, el acusado abordó a las dos mujeres cuando salían del ascensor y cogió del cuello a África con la mano derecha, tirándola al suelo, sin que ésta tuviera capacidad para reaccionar ni defenderse. Con una navaja de diez centímetros de hoja, comenzó a apuñalarla repetidamente por casi todo el cuerpo. En la cara, cuello, nuca, cabeza, pecho, tronco, espalda, brazos y manos. Hasta un total de 68 puñaladas, que para el fiscal prolongaron el sufrimiento de la víctima de una manera «deliberada» e «inhumana». La mujer no murió en el acto, sino que tuvo una agonía de una hora y media, mientras los médicos del Hospital General de Alicante, en el que ella trabajaba, trataban de salvar su vida. Aunque, finalmente, falleció como consecuencia de la pérdida masiva de sangre.

El fiscal relata en su escrito acusatorio que, tras las puñaladas, Raúl M. T. se volvió hacia la madre y le dijo: «a ti no te hago nada porque eres muy mayor, pero te vas a acordar de mí por no dejarme dormir». También le aseguró que «mira si soy valiente que espero a la Policía, no me importa».

Mientras la madre de la mujer asesinada se encontraba con la Policía en el portal en los instantes posteriores al crimen, el padre del acusado, José Rafael M. M., se abalanzó sobre ella diciéndole: «Teníamos que haberlo hecho antes, estamos hartos de vosotros, lo tenías que pagar y lo pagarás. Esto no queda así». Uno de los policías tuvo que interponerse para evitar que éste agrediera a la mujer.

El acusado contaba con numerosos antecedentes por robos con fuerza y violencia, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, quebrantamiento de condena, lesiones. Ninguno de estos antecedentes son computables a efectos penales en esta causa. El hombre cuenta además con un trastorno por el abuso en el consumo de sustancias estupefacientes durante años, así como un trastorno de personalidad. El fiscal considera que, aunque en algún momento el procesado ha sufrido descompensaciones de tipo psicótico inducido por el consumo de drogas, éste no tenía alteraciones mentales de ningún tipo que pudiesen afectar a su inteligencia y a su voluntad.

Desde el momento de su arresto, el acusado se encuentra en prisión provisional por estos hechos. Ni en el juzgado, ni en la Policía quiso prestar declaración, pero el supuesto móvil del crimen fue que reprochaba a la vecina el ruido que hacía en la casa tanto por el día como por la noche.

La Fiscalía ha pedido además que el acusado sea condenado también a una orden de alejamiento por la que durante 33 años no pueda ni acercarse, ni comunicarse con la familia de la mujer asesinada. Al padre del acusado se le reclaman tres años de alejamiento también por las amenazas.

La mujer asesinada estaba casada y tenía dos hijos. El fiscal ha pedido que el procesado pague una indemnización al marido de 150.000 euros, así como otros 100.000 euros para cada uno de los dos hijos de la víctima y 75.000 euros para la madre.