Como «el timo del Nazareno del mundo inmobiliario» definió ayer uno de los siete acusadores particulares personados en la causa que se sigue contra el empresario francés Roch Tabarot una actuación por la que le reclaman hasta treinta años de prisión por los delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible. Un proceso que ayer quedó visto para sentencia en la Audiencia Nacional después de cuatro jornadas de vista oral y cuando ya ha transcurrido una década de la detención del promotor en el aeropuerto de El Altet, junto al resto de la cúpula del grupo Riviera que presidía, momentos antes de que emprendieran vuelo hacia Marruecos en un jet de la empresa.
Sin piedad arremetieron los representantes legales de los afectados contra unas prácticas que llegaron a catalogar también de «estafa piramidal» en tanto que «se aparentaba una solvencia que no tenían para incitar a comprar habitaciones en complejos para estudiantes o mayores con el reclamo de una alta rentabilidad» gracias a que una filial del mismo grupo las explotaba en régimen de alquiler. Y el objetivo último, precisaron, era captar compradores con los que dejaron de cumplir con los compromisos adquiridos una vez cumplido el fin de la venta.
En línea con las conclusiones de la investigación policial, las acusaciones sostienen que Tabarot se apropió de lo invertido por pequeños ahorrados en proyectos de los que Riviera acabó desistiendo (en Murcia, Granada y Málaga) y a quienes entregó a cambio pagarés sin fondos o avales que resultaron ser fotocopias.
Los acusadores destacaron que tampoco cumplió el grupo empresarial que presidía el acusado con el acuerdo de levantar cargas hipotecarias por un importe total de 17 millones que pesaban sobre las promociones que sí ejecutó: más de mil habitaciones entre una residencia para estudiantes en San Vicente y otra para la Tercera Edad en Vistahermosa.
Los letrados no pasaron por alto en sus informes «la gestión irracional del gran patrimonio acumulado» (donde el informe policial habla de cargos en tarjetas de más 700.000 euros en vehículos de lujo, clubes náuticos, hoteles, transferencias a familiares de Tabarot..). Ni «el ánimo de ocultar más de 13 millones en efectivo y transferir fondos al exterior, fundamentalmente a Marruecos, por más de 8 millones» para un proyecto que, según las acusaciones, se venía gestando desde 2006 y donde el acusado fue desviando el dinero con el que tenía que haber hecho frente a las obligaciones contraídas con sus clientes de aquí. «Una maquinación que la fiscal (que no acusa) no ve y una estafa de libro», resumió uno de los letrados.
Frente a esta artillería, la defensa de Tabarot le definió como «un empresario modelo» que «no solo jamás engañó a sus clientes ni se apropió de su dinero ni provocó la insolvencia de la empresa, sino que invertía en ella todo lo que obtenía gracias a un negocio rentable». Una rentabilidad que las acusaciones no cuestionaron: «el modelo de negocio siempre funciona en una estafa, lo que hay que ver es quién se la lleva», apostilló una de ellas.
«No es un chiringuito»
La defensa de Tabarot se quejó de que las acusaciones se refirieran a Riveira como a «un chiringuito cuando era un grupo fuerte con un montón de trabajadores». Y culpó a la crisis del descenso en el negocio que obligó a presentar un concurso voluntario de acreedores «pero no por insolvencia sino por falta de liquidez», concretó. Un bache de que se podría haber salido si «el escándalo mediático que provocó la detención de mi cliente no hubiera frustrado el proyecto de Marruecos», dijo.
Antes de pedir la absolución, el letrado destacó la «inexistencia de pruebas de cargo» y «la falta de acreditación de perjuicio». Y concluyó afirmando que «los incumplimientos de los negocios privados no se pueden llevar a un tribunal penal».
