El negocio se vendía como redondo. Complejos residenciales (uno para estudiantes de más de mil habitaciones en San Vicente y otro de 88 para la Tercera Edad en Alicante, además de proyectos similares en Murcia, Granada y Málaga) que el grupo Riviera ofrecía a inversores, pequeños ahorradores en su mayoría, con el compromiso de alquilarlos a través de una filial propia durante diez años garantizando una rentabilidad que rondaba el 6% además de poder recuperar el IVA.
Pero algo salió mal. En los primeros días de septiembre de 2008, el presidente de Riviera, el empresario francés Roch Tabarot, y todos sus colaboradores eran arrestados en El Altet cuando se disponían a volar a Marruecos en su jet privado protagonizando una detención de película que copó portadas de periódicos e informativos de radio y televisión de medio mundo.
Ayer, un década después, comenzó en la Audiencia Nacional el juicio que contra quien también fuera socio fundador del parque de agua de Benidorm se sigue por los delitos de estafa y apropiación indebida. Un proceso en el que casi un decena de acusaciones en representación de más de medio millar de supuestos perjudicados le reclaman penas de prisión que superan los treinta años y la devolución de más de veinte millones de euros.
¿Los motivos? Por rentas que aseguran que han dejado de percibir, por hipotecas que afirman que la mercantil no ha levantado pese a adquirir el compromiso de hacerlo y por los pagarés con los que se compensó a quienes adquirieron habitaciones en proyectos de los que Riviera acabó desistiendo, como fue el caso de Murcia, Granada y Málaga.
Una interpretación que no comparte la Fiscalía, que no acusa al no ver delito en la actuación del empresario, quien ayer defendió ante el tribunal su gestión y culpó de la bajada del negocio a la crisis y de la puntilla a Riviera, al arresto en las pistas de El Altet. «La detención fue letal, un desastre para la empresa, una bomba (...) íbamos a Marruecos para poner en marcha un proyecto con el que tratábamos de salvar los aquí y aquellos fue una losa», explicó a los magistrados.
Las acusaciones, por contra, sostienen que lo que el empresario pretendía era descapitalizar la empresa llevándose al país vecino el dinero con el que tenía que hacer frente a las obligaciones contraídas con los inversores de aquí.
Tranquilo y con un bronceado con el que destacaba aún más el blanco nuclear de una sonrisa que no perdió ni cuando anunció que no iba a responder a ninguna de las acusaciones, Tabarot aseguró tajante que «nunca» quiso engañar a los inversores, que tampoco «nunca hubo reparto de dividendos» y que el modelo de negocio, que ofrecía «era fantástico». Sólo requería «mucha venta».
A preguntas de su abogado, el empresario aseguró que todos los proyectos contaban con informes de viabilidad, que en esos momentos en Alicante «había una necesidad grande de alojamiento» y que los complejos «eran un producto inmobiliario, no financiero», precisó
Frente a esta versión , las acusaciones sostienen que los compradores han tenido que pagar las habitaciones por partida doble, «una para comprarlas y otra para conservarlas en su dominio», y se urdió un «entramado comercial con el único objeto de captar inversores».
Tabarot sostiene, por contra, que todo fue correcto, que se resarció a todos los compradores de las promociones que se suspendieron y justificó los siete millones que se desviaron al proyecto fallido de Marruecos «porque ni hubiéramos comprado el solar habríamos perdido la inversión completa».
