Casi todos los jueces de instrucción de Alicante han pedido el traslado a la Audiencia Provincial en el concurso de plazas que se resolverá a fin de mes y podrían quedar cubiertas el próximo mes de marzo, según confirmaron ayer a este diario fuentes del Palacio de Justicia. Tras la convocatoria podrían cambiar los magistrados que están al frente de seis de los nueve juzgados del partido judicial de Alicante y que son los encargados de investigar todos los delitos y faltas que se cometen en este área, a los que hay que sumar una de las dos jueces encargadas de los casos de violencia doméstica. Todos los asuntos que están investigando, algunos de ellos de gran complejidad, tendrán que tener una nuevo instructor en el caso de que obtuvieran la plaza solicitada.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el motivo de esta desbandada son las nueve plazas que salen a concurso en la Audiencia Provincial, una convocatoria sin precedentes y que todo apunta a que dejaría cerrada la posibilidad de optar a una plaza en este órgano judicial en los próximos quince años. «Todo juez que tenga un mínimo de aspiraciones de subir en su carrera sabe que o pide el traslado ahora o pasará muchos años en el mismo destino», señalaron las mismas fuentes.
En total salen a concurso tres plazas en las secciones penales de la Audiencia de Alicante, otras cuatro en la sala desplazada a Elche y una para resolver asuntos de materia civil. En marzo quedará vacante otra plaza más en Alicante tras la jubilación del magistrado Antonio Gil. Nueve plazas en total y todo apunta a que tardarán más de quince años en convocar otras nuevas. El año pasado, ante el bloqueo presupuestario para crear nuevos juzgados, el Consejo General del Poder Judicial optó por nombrar jueces de refuerzo en la Audiencia para ayudar con juicios y apelaciones. Las plazas se ocuparon con jueces en comisión de servicio, que abandonaron temporalmente sus destinos para irse a la Audiencia. A finales del año pasado, el Gobierno anunció un plan de medidas estrella para luchar contra la corrupción. Una de ellas es la creación oficial de estas plazas de jueces que hasta ahora eran un refuerzo, lo que obliga a convocar el concurso para cubrirlas.
Uno de los primeros nombres que empezaron a sonar cuando se abrió el melón del concurso fue el del juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, que es el titular de juzgado de Instrucción seis, investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa y que este viernes interroga a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Un sumario que tendría que pasar a otro magistrado en el caso de que Cerón obtuviera su traslado a la Audiencia de Alicante. Por el contrario, el caso de las presuntas filtraciones por parte de Castedo y su antecesor al empresario Enrique Ortiz del PGOU se quedarán en manos del mismo juez, ya que Manrique Tejada es uno de los pocos que no ha pedido el traslado.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el titular del juzgado de Instrucción número uno de Alicante, Santiago Hoyos, habría solicitado también ir a la Audiencia de Alicante, así como una de sus predecesoras en ese juzgado María Cristina Costa, que en la actualizada es la titular del juzgado de Violencia contra la Mujer número dos.
Otros dos jueces de instrucción optan a las plazas que se han convocado en la sección ilicitana de la Audiencia, los titulares de los juzgados dos y cuatro, Javier Sarabia y Cristina Fernández, respectivamente.
No son los únicos relevos que se van a producir al frente de los tribunales instructores de la capital. La fuentes consultadas por este diario señalaron que también al frente del juzgado de Instrucción ocho tendrá que haber un cambio, ya que en la actualidad está ocupada por una juez sustituta, Edurne Legaz, y el concurso actual obligará a designar a un titular definitivo. Asimismo, la magistrada Instrucción número 9, Ana Hoyos, habría tratado de probar suerte solicitando alguna de las plazas que se van a cubrir en la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes.
