Un nuevo juez tendrá que asumir la investigación sobre el Plan Rabasa y la llegada de la multinacional Ikea a terrenos de Enrique Ortiz si prospera la petición del actual instructor del caso, Juan Carlos de Cerón, de incorporarse a la Audiencia Provincial de Alicante tras sacar a concurso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuatro plazas de magistrado en el órgano judicial que preside Vicente Magro.
Cerón tiene previsto solicitar su incorporación a la Audiencia Provincial de Alicante en los próximos días, según ha podido saber este diario. El también decano del partido judicial de Alicante confirmó ayer que está «barajando» esa posibilidad debido a que supone un ascenso en la carrera judicial difícilmente posible en los próximos años debido a que la composición resultante de cada una de las salas de la Audiencia una vez finalizado este concurso dificultará la convocatoria de nuevas plazas. Respecto a su plaza de decano, el traslado de Cerón a la Audiencia obligaría a convocar unas nuevas elecciones para la ocupación de ese cargo.
El magistrado afirmó que no ha formalizado nada porque está «estudiándolo» y aún es «muy pronto», ya que la convocatoria para optar a las cuatro plazas de Audiencia se publicó el pasado sábado en el Boletin Oficial del Estado (BOE).
Si la aspiración de Cerón cuaja, un nuevo juez tendrá que hacerse cargo de la instrucción con la que Cerón llevaba dos años después de que en octubre de 2012 EU forzara la reapertura del caso Rabasa con una denuncia. Esta es una de las dos investigaciones abiertas en los juzgados alicantinos contra la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz por presunta corrupción urbanística.
La resolución del CGPJ sobre los magistrados que se incorporarán a la Audiencia será oficial a mediados del mes de enero, lo que permitiría al instructor dejar las diligencias del caso Rabasa sin haber tomado declaración a los seis imputados en la causa, entre ellos Castedo, Ortiz, la exjefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo de Alicante, Isabel Campos, y el exresponsable de Urbanismo, Enrique Sanus. De hecho, está previsto que tres testigos propuestos por la defensa de Enrique Sanus declaren por Rabasa antes que los imputados.
Juan Carlos Cerón suspendió en octubre las declaraciones judiciales de los investigados que él mismo había previsto para noviembre tras aceptar los recursos de tres de los imputados, que plantearon la nulidad de las actuaciones por no haberlas ordenado el juzgado competente. A mediados de noviembre, el magistrado resolvió validar las escuchas y ratificó las actuaciones llevadas a cabo por el de Orihuela que supervisó las intervenciones telefónicas. Por otro lado, Cerón archivó la investigación de Rabasa para el exalcalde Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de Territorio, Ángeles Ureña, actualmente presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al entender que no estaban definidos los hechos supuestamente delictivos. Contra este archivo recurrieron las acusaciones -el fiscal y las formaciones EU y PSOE-, sin que hasta el momento el juez haya notificado su resolución a las partes.
