Entre las ciudades de Barcelona y València hay 352 kilómetros de distancia, una separación que los partidos de derecha quisieron acortar ayer en el pleno de las Cortes, al tratar de contagiar la tensión que se vive en Cataluña, especialmente después de la sentencia del «procés». El PP, Cs y Vox intentaron trasladar al hemiciclo valenciano la batalla campal en la que llevan inmersas las calles de la ciudad condal estas últimas noches, lanzando frases tan incendiarias como los cócteles molotov que han volado por los aires de la Gran Vía de les Corts Catalanes. Petición de dimisiones, críticas por el «apoyo a los golpistas», oposición a las ayudas que se conceden a Acció Cultural del País Valencià (APCV). Toda una batería de ataques para darle varias vueltas de tuerca al conflicto catalán en un foro como es el hemiciclo de las Cortes, en plena sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y en fechas previas a la convocatoria del 10-N. La respuesta del jefe del Consell, frente a la crispación propagada por la derecha, fue rechazar toda clase de violencia y defender la palabra y el diálogo como las mejores armas para abordar esta gravísima crisis. Con un tajante «aquí nunca vamos a encender el fanatismo», Ximo Puig quitó leña a fuego y trató de apagarlo.
En una sesión de control donde las preguntas que iban formular los portavoces de cada grupo parlamentario estaban centradas en la desaceleración económica, el autogobierno y la emergencia climática, el debate giró más en torno a la situación en Cataluña. La primera que abordó el «tema catalán» fue la presidenta y portavoz del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, que abrió la sesión manifestando la condena a todos los actos de violencia vividos en las calles de Cataluña, dirigiéndose de manera especial al presidente catalán, Quim Torra. Bonig también pidió la dimisión del ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de estar «de parranda» mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «se jugaban la vida».
Irresponsabilidad
La petición de dimisión de Grande-Marlaska se ganó el calificativo de «irresponsabilidad» por parte del Puig. El jefe del Consell, desde una posición institucional y desde sede parlamentaria, ejerciendo de «presidente y en representación de los valencianos», no dio crédito a esta demanda y transmitió la «solidaridad» con el pueblo catalán ante los episodios de violencia. Pero su planteamiento fue más allá al advertir que los que «utilicen políticamente» esta situación están haciendo un «grave ejercicio de irresponsabilidad del que tendrán que responder ante el pueblo valenciano». Dentro de la línea argumental que están manteniendo los dirigentes socialistas esta semana, que después de conocer la sentencia del «procés» han defendido que en un Estado de Derecho «las leyes y las sentencias están para cumplirse», Puig separó varias esferas. Por un lado, el respeto a la Justicia; por otro, la libertad de «expresar distintas opiniones»; y por otro, el «intento de importar conflictos ajenos a la realidad de la Comunitat Valenciana», una estrategia que cuenta con su rechazo.
Después de Isabel Bonig, llegó Toni Cantó, síndic de Ciudadanos, que directamente calificó el principal problema de España de «nacionalismo» y preguntó a Ximo Puig si «le parece que Cataluña sea un ejemplo a seguir» en la Comunidad Valenciana. Y la respuesta de Puig fue doble. Por un lado contestó que esta comunidad es «una sociedad tolerante, solidaria, abierta e inclusiva», y por otro formuló otra pregunta que el mismo autor respondió: «¿El ejemplo es Cataluña? No, señor Cantó».
Subvenciones a colectivos
Entrando más en harina, Cantó le pidió a Puig que «deje de subvencionar» a entidades como Acció Cultural del País Valencià porque que «se están manifestando a favor de los golpistas y diciendo que España no es una democracia». El líder de Cs recordó ayer uno de las frases que machaconamente repitió en la campaña de las elecciones autonómicas («en cuatro años estaremos como en Baleares y en ocho como en Cataluña»), pero Puig, de nuevo, rechazó la crítica y esa visión futurista al mantener que el Consell concede ayudas siguiendo la legalidad vigente y «sin filias, ni fobias, ni revisionismo». De hecho el presidente de la Generalitat argumentó que se han otorgado 4 millones de euros a más de 400 entidades, entre ellas Lo Rat Penat, la Real Academia de Cultura Valenciana o el Arzobispado de Valencia, con las que no tiene por qué estar de acuerdo. Es más, Puig reprochó a Cantó que se haya convertido en «un divulgador permanente de fake news» por su «obsesión enfermiza con Cataluña».
Y para cerrar la embestida de la derecha, el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, en ausencia de Ana Vega, cuestionó que el Consell «riegue» con subvenciones públicas a entidades como ACPV. Pero no se quedó ahí. Llanos criticó el apoyo de Compromís a los «delincuentes» catalanes, y aquí fue el conseller Vicent Marzà -ausentes la vicepresidenta Mónica Otra y el conseller Rafa Climent, por encontrase en una expedición institucional en China, y la consellera Mireia Mollà por tener agenda en Bruselas-, el que reprochó a los diputados de Vox que le llamen «dictador, totalitario, terrorista, golpista, Stalin o delincuente». Marzà preguntó a la bancada la formación de ultraderecha si «piensan que con 100 años de prisión se arregla alguna cosa». Al menos, en el debate de ayer en las Cortes, no se vislumbró la luz.
Elección de los integrantes de las mesas electorales
Como es habitual en fechas previas a unos comicios, los ayuntamientos están eligiendo a los presidentes y vocales de las mesas electorales. Ayer fue el caso de Alicante, donde un sorteo informático determinó a los componentes de las 422 mesas que se abrirán en la ciudad. El censo es de 250.504 personas, 10.655 personas más que en los comicios del 28-A.
