Cinco reuniones y cerca de 25 horas después de que la izquierda iniciara las negociaciones para cerrar la segunda versión del Pacte del Botànic en la Comunidad Valenciana, los negociadores del PSPV, Compromís y Podemos no solo continúan sin cuadrar la estructura del nuevo Consell sino que, además, se han atascado en una cuestión capital: la cuota de poder cada uno de los socios y la dimensión que debe tener ese gobierno. Hasta el punto de que ante esas discrepancias, una subcomisión encargada de intentar ahormar, aunque sea a martillazos, las pretensiones de cada uno empezó a trabajar anoche mismo «a contrarreloj» en un intento de perfilar esa arquitectura política del ejecutivo, las áreas, el nombre de las consellerias y el volumen de departamentos que permitirá definir el poder de cada partido. En estos momentos, todo está en el aire y nada está ni decidido ni resuelto.
Ese órgano tiene la misión de trazar una propuesta de cara a la trascendental reunión convocada para mañana domingo con la intención de terminar de sellar el pacto antes de que el lunes el PSPV celebre un referéndum entre sus militantes para validar el pacto y, sobre todo, de que los síndics de los grupos de izquierda se reúnan con el presidente de las Cortes, Enric Morera, para trasladarle si respaldan la investidura de Ximo Puig, marcada ya para el próximo miércoles. Justo al contrario de lo que ocurrió en la reunión del jueves, en esta quinta convocatoria, celebrada en la sede de los socialistas valencianos y de nuevo maratoniana, los negociadores optaron por cambiar el orden del guion inicial. Empezaron por la estructura y la organización del Consell para dejar los ejes programáticos que deben marcar la gestión como un elemento para la segunda parte de esta larga convocatoria.
Pero el resultado fue el mismo que en la jornada anterior. No hubo ningún acuerdo y los tres socios volvieron a encallar. Siguen siendo incapaces de consensuar una solución al jeroglífico en el que se ha convertido la arquitectura del Consell. Diferencias sobre la estructura, discrepancias sobre el número de consellerias, pretensiones en primera instancia insalvables sobre las cuotas de poder y tiranteces, especialmente, entre Compromís y Podemos en tanto que los socialistas ven la jugada con más margen en tanto que son la fuerza más votada. Todo sigue abierto pero las posiciones se mantienen casi inamovibles. El PSPV quiere que se evidencie su mayoría en el gobierno en tanto que suma un diputado más que sus dos socios juntos. Compromís trata de mantener a toda costa su cuota -cinco consellerias- al tener más del doble de parlamentarios que Podemos; y los morados, que se mantienen en sus trece de intentar ocupar una vicepresidencia, necesitan visibilidad ante un retroceso electoral notable en las autonómicas -cinco parlamentarios menos- «salvado» por su posición clave en el Consell pero que luego se convirtió en toque de alarma tras la debacle que casi les borró del mapa en las municipales.
Y todo eso se sigue traduciendo en una distancia notable. Podemos, además, de insistir en una vicepresidencia para Rubén Martínez Dalmau, siempre ha reivindicado dos consellerias. Tiene dudas de ceder una a sus socios de EU, algo que sí quieren tanto el PSPV como Compromís por el papel determinante que pueden jugar los dos diputados que tiene la formación de Rosa Pérez en el grupo morado. Compromís quiere retener cinco departamentos, los que tiene ahora, para evitar ofrecer la imagen de que sale debilitado de la negociación. Y los socialistas son partidarios de un gobierno impar para contar con la mayoría y que se puedan tomar decisiones sin tener que recurrir al voto de calidad del presidente. Podemos reclama máxima rentabilidad para sus votos con un Consell de doce miembros. A Compromís, para mantener su poder, le vendría bien que se ampliara a catorce. Los socialistas, tanto a doce como a catorce, apuestan por añadir a Puig y apuntalar su control. Pero Compromís es reacio a contar al presidente al margen y, en general, nadie desea llegar a los quince departamentos de la época de Francisco Camps. Y en ese encaje, encima de la mesa los nombres de las consellerias, la creación de nuevas -se habla de Turismo, Cultura o una de Innovación Tecnológica- y si el gobierno debe tener una vicepresidencia única para Oltra, añadir otra para Dalmau con competencias en Vivienda y Transición Energética o, incluso, sumar una tercera para los socialistas. Hubo roces entre Compromís y Podemos por el volumen del Consell.
Así que, con este panorama y con la sensación de que la negociación está bloqueada en una vía muerta, se decidió externalizar el problema. Los negociadores encargaron a una subcomisión que articule una propuesta sobre la arquitectura del gobierno, algo en lo que ya se pusieron a trabajar anoche. Está formada por los socialistas Alfred Boix, Andreu Ferrer y Eva Martínez; Àgueda Micó y Vicent Martínez, de Compromís; Àngela Ballester, de Podemos; e Ignacio Blanco, de EU. En principio empezarán a cuadrar cómo se pueden agrupar los diferentes departamentos en cada conselleria por áreas y podrían retornar a la idea inicial de un gobierno que más o menos pueda estar en los doce departamentos aunque a expensas de si se suma o no al presidente. A eso, además, habrá que añadir cómo se vehicula el «mestizaje» entre los altos cargos del segundo escalón. Lo que es evidente es que trabajan «a contrarreloj» para intentar cerrar el pacto, como máximo, mañana «sea como sea», como señalaron antes de iniciar la reunión en la que sí hubo avances claros hasta casi completar todos los ejes del programa.
«La idea es que el lunes por la mañana esté todo bien cerrado y pactado», señaló la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó. El secretario general de Podemos, Antonio Estañ, remarcó que «deberíamos acelerar mucho más, y sí que deberíamos perfilar algunas cuestiones que consideramos fundamentales del acuerdo programático». «Ya es hora de ir cerrando cuestiones básicas para poder garantizar el apoyo a la investidura de Ximo Puig el próximo miércoles», dijo. Preguntado por los nombres del futuro Consell, el socialista Manolo Mata afirmó: «ni tenemos nombres, ni tendremos nombres hasta la semana que viene probablemente, ni tendremos nombres de consellerias» porque «es una tarea complicada». Hoy, en vísperas de la reunión definitiva de mañana, los partidos socios de Compromís se reúnen para valorar esta compleja situación política.
Puig pide estabilidad y consulta la firma del pacto a sus afiliados
La dirección del PSPV convoca para el lunes un referéndum entre sus militantes para ratificar el nuevo Botànic
La dirección del PSPV consultará el lunes a la militancia si respalda el acuerdo de gobierno de la izquierda en la Comunidad. Así, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacó este viernes durante la reunión de la ejecutiva socialistsa que «el planteamiento de la consulta es bastante claro» ya que, tal y como ha explicado, «la pregunta que se formulará a la militancia socialista es si está de acuerdo en que haya un pacto de gobierno progresista en la Comunidad Valenciana». «Creo que toda la gente de izquierdas está de acuerdo en que eso ocurra», expresó el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV.
En ese sentido,valoró la estabilidad que se ha producido estos cuatro años y aseguró que ha sido un elemento «fundamental en esta legislatura». Asimismo, el secretario general de los socialistas valencianos recordó que «la Comunidad ha cambiado de paradigma» y explicó que ha sido precisamente «gracias a la estabilidad, la concordia y a la defensa de la convivencia».
El Constitucional admite el recurso del PP contra la ley de Oltra que garantiza los servicios sociales
La normativa es una de las más importantes de la legislatura y solo fue rechazada por los populares
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por más de 50 diputados del grupo parlamentario del PP contra varios artículos, disposiciones transitorias y apartados de la Ley de Servicios Sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, que busca blindar los derechos sociales como «esenciales» y de «interés general». En concreto, los diputados del PP habían recurrido los artículos 27.5, 30, 104.1b), 105.1, 106.2 y 3, 108, 109, 110, disposiciones transitorias primera, cuarta, apartados 4 y 5 y quinta, apartados 2 y 3, de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la normativa, según ha informado el TC.
El tribunal dispone que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, a la Generalitat y a las Cortes para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes. Los recurrentes consideran que la ley impugnada ha podido vulnerar los artículos 137, 141 y 142 de la Constitución Española y los preceptos 66.1 y 3 del Estatut d'Autonomia de la Comunidad, así como otros artículos de la Ley de Bases del Régimen Local. La sentencia que se dicte en su día será redactada por el magistrado Cándido Conde-Pumpido. El pleno de las Cortes Valencianas aprobó el pasado mes de enero, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP, la Ley Valenciana de Servicios Sociales que busca blindar los derechos sociales. La denuncia de «irregularidades» en su tramitación llevó al PP a presentar un recurso ante la Mesa de Les Corts y posteriormente al Constitucional.
En concreto, el texto reconoce y garantiza el acceso al sistema público valenciano de servicios sociales a todas las personas con residencia en la Comunidad Valenciana y que necesiten de los servicios, adaptándose este a las personas y no viceversa. También incorpora el derecho subjetivo de acceso al sistema de servicios sociales, garantizando crédito presupuestario, delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales y la Generalitat y crea el Instituto Valenciano de Formación, Calidad e Investigación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos de la red pública. Esta normativa es una de las más importantes que se ha aprobado durante esta legislatura desde el departamento de Mónica Oltra.
